La Asamblea Nacional de Nicaragua controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó este 22 de noviembre una serie de reformas a la Constitución Política, la cual entrará en vigor tras ser ratificada en una segunda legislatura el próximo año y que, según analistas y opositores, representa un «golpe de Estado» al refundar el sistema de gobierno.
El régimen Ortega Murillo defiende la reforma como una “modernización” de la Carta Magna; sin embargo, voces críticas advierten que se trata de la consolidación de un régimen dictatorial totalitario.
Esta reforma establece una mayor subordinación de los poderes del Estado (Legislativo, Judicial y Electoral) al poder Ejecutivo, consolidando así el control de Ortega y murillo sobre las instituciones del país.
Además, el texto amplía el periodo presidencial de cinco a seis años, lo que permite a Ortega permanecer en el poder por un tiempo más prolongado.
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Asimismo, la reforma introduce los cargos de copresidente y copresidenta, lo que otorga un estatus formal a Rosario Murillo, esposa de Ortega.
Entre otros aspectos, la reforma constitucional incrementa el control sobre los medios de comunicación.
También redefine a Nicaragua como un Estado socialista y revolucionario, lo que refleja una ideología política más marcada y alineada con el partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuya bandera roja y negra fue incluida entre los símbolos patrios.
La aprobación de la reforma se realizó en un periodo muy corto, solo 48 horas, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de debate y consenso en el proceso legislativo.
Este conjunto de cambios representa la consolidación del poder autoritario en Nicaragua, limitando las libertades democráticas y reforzando el control del régimen sobre diversas esferas de la vida política y social del país.
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