La Conferencia Episcopal de Costa Rica expresó su rechazo al proyecto de Ley 23928, actualmente en discusión en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa costarricense, la cual forzaría la ruptura del sigilo sacramental y la inviolabilidad de la confesión en la Iglesia Católica.
Esa iniciativa de ley, orientada a combatir la impunidad en casos de abusos sexuales contra menores y personas vulnerables, obligaría a los sacerdotes a romper el secreto de confesión cuando reciban información sobre estos delitos.
Aunque considera “loable” el fin de la iniciativa de luchar contra la impunidad en casos de abusos sexuales, la Conferencia Episcopal de Costa Rica expresa su rechazo porque considera que la ley expone un «ataque directo a la Doctrina y Liturgia de la Iglesia Católica» y una violación a la libertad religiosa de los católicos en el país.
En un mensaje emitido este 30 de octubre, la Conferencia Episcopal de Costa Rica también llama a los fieles a defender sus derechos y a unirse en oposición a esta propuesta, que podría ser dictaminada la tarde de este 31 de octubre, luego de una audiencia a la 1:30 p.m. con representantes de la Iglesia.
Según el documento, la ley impondría a los sacerdotes la obligación de revelar información obtenida en confesión, una práctica considerada inviolable dentro de la fe católica.
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Los jerarcas católicos pidieron que se preserve el «bien común en respeto a los derechos fundamentales de la persona humana» y destacaron que la doctrina de los Derechos Humanos en Costa Rica debe alinearse con el derecho a la libertad de conciencia y religión.
La Parroquia San Isidro Labrador, del cantón de Vázquez de Coronado en San José, compartió el mensaje de la Conferencia Episcopal y añadió declaraciones del padre Glenm Gómez, quien explicó la posición de la Iglesia desde el Derecho Canónico.
Según Gómez, el sigilo sacramental es un principio absoluto e inviolable en la confesión, protegido por el canon 983, que prohíbe al confesor revelar al penitente «con palabras o de cualquier otro modo, y por ningún motivo».
Además, el canon 984 establece que el sacerdote no puede utilizar la información obtenida en confesión para ningún propósito, incluso con el consentimiento del penitente, y su ruptura es considerada una falta grave que conlleva sanciones como la excomunión.
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