La situación de violencia contra las mujeres en el norte de Nicaragua, específicamente en Matagalpa, ha alcanzado niveles alarmantes, según revela un reciente informe de Las Venancias, una organización defensora de los derechos de las mujeres ahora “desde la trinchera virtual”.
«La violencia se ha acrecentado en todas sus formas: física, psicológica y especialmente la económica», señala la organización, destacando además el vacío dejado por organizaciones de mujeres que anteriormente ejercían presión social en defensa de los derechos de las mujeres.
Las Venancias son un grupo de mujeres que, desde el exilio forzado, dan continuidad al trabajo del Grupo Venancia, cuya personería jurídica fue cancelada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde junio de 2022, mientras que sus bienes fueron confiscados en febrero de 2023.
El informe de Las Venancias describe un panorama preocupante en municipios como Muy Muy, donde el sistema judicial muestra serias deficiencias.
Durante casi un año, el municipio de Muy Muy careció de juez, lo que resultó en numerosos casos estancados. La reciente designación de una jueza con «experiencia bastante débil», según señala la organización, no ha mejorado la situación.
Mientras, la reapertura de las Comisarías de la Mujer, que debería ser una solución, presenta importantes limitaciones.
«Tienen computadoras por todos lados, pero están maniatadas por la falta de recursos y autonomía», indica la fuente. Un ejemplo concreto es la imposibilidad de muchas mujeres de escasos recursos para realizarse exámenes médicos necesarios para sus denuncias, lo que efectivamente interrumpe el proceso judicial.
El sistema de Defensoría Pública también enfrenta serios obstáculos. Las defensoras deben cubrir múltiples municipios, lo que resulta en una atención limitada. En Muy Muy, por ejemplo, la misma defensora debe atender a los municipios de San Dionisio y Matiguás, con horarios restringidos que dificultan el acceso a la justicia.
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La violencia sexual contra menores de edad representa uno de los aspectos más preocupantes. Si bien las autoridades priorizan casos de niñas menores de 14 años, existe una tendencia preocupante a minimizar la gravedad de casos que involucran a adolescentes de 15 años o más.
Las Venancias también denuncia que muchas mujeres están optando por no presentar denuncias debido a procesos «engorrosos y tediosos». Los casos que llegan al sistema judicial frecuentemente son derivados a conciliación o consejerías del Ministerio de la Familia, procedimientos que, según la organización, no ofrecen una solución efectiva ni garantías de seguimiento.
La situación se agrava con el aumento de casos de sustracción de menores, especialmente cuando las madres emigran en busca de oportunidades económicas a países como Costa Rica, España o Estados Unidos.
«Los padres se llevan a los menores cuando se han dejado al cuidado de las abuelas maternas, no con el objetivo de cuidarlos, sino que terminan dejándolos con las abuelas paternas para demandar por pensión alimentaria a las madres», explican.
El informe concluye que la vulnerabilidad de las mujeres «está más fuerte que nunca», a pesar de la existencia de marcos legales como la Ley 779, el Código Procesal Penal y el Código de la Familia.
«La verdad es que ni uno ni otro se ponen en práctica», sentencia la organización.
La crisis en el acceso a la justicia para las mujeres en Matagalpa refleja un problema sistémico que requiere atención urgente. Las Venancias hace un llamado a fortalecer el sistema judicial y garantizar recursos adecuados para la protección efectiva de los derechos de las mujeres y niñas en la región.
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