La Unión Interparlamentaria (UIP), organización que reúne a parlamentos de distintos países, ha solicitado enviar una delegación a Nicaragua para reunirse con autoridades estatales, instituciones y organizaciones, con el fin de obtener información sobre el paradero de Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez.
Esta solicitud fue emitida por el Consejo de Gobierno de la UIP a su Comité de Derechos Humanos, luego de escuchar el testimonio de Tininiska Rivera Castellón, hija del líder indígena miskitu y diputado del partido YATAMA, Brooklyn Rivera.
La UIP, que promueve la diplomacia parlamentaria y apoya la paz, democracia y desarrollo sostenible a nivel global, está compuesta por 181 parlamentos nacionales y 15 miembros asociados.
El pasado 23 de octubre, la UIP informó que solicitó formalmente a la Asamblea Nacional de Nicaragua, en abril y septiembre de 2023, comentarios oficiales sobre los casos de Rivera y Enríquez. No obstante, hasta la fecha, el Parlamento nicaragüense no ha proporcionado ninguna respuesta.
La UIP también instó a la Asamblea Nacional a entablar un «diálogo constructivo y continuo con el Comité» para garantizar una solución rápida y satisfactoria.
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Además, expresó su preocupación por la desaparición de Brooklyn Rivera, vinculada presuntamente a su labor como diputado opositor y dirigente indígena, así como a su participación en la 22ª sesión del Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas, celebrada en abril de 2023 en Nueva York. Durante esa sesión, Rivera denunció la invasión de colonos armados en territorios miskitu y mayangna, bajo la aparente protección de las autoridades.
La UIP destacó la obligación del gobierno nicaragüense de investigar la desaparición de Rivera y garantizar el derecho de su familia a recibir información sobre su paradero.
Brooklyn Rivera, miembro del partido YATAMA, fue secuestrado el 29 de septiembre de 2023, y Nancy Enríquez, diputada suplente, desapareció el 1 de octubre del mismo año. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de los Presos Políticos de Nicaragua, hay 45 personas presas políticas en el país, incluyendo a Rivera y Enríquez.
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