La Coalición Nicaragua Lucha, conformada por 29 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, desmintió el informe presentado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo previo a la participación de Nicaragua en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A través de un comunicado, la Coalición advirtió que “el Informe Nacional presentado por Ortega no fue participativo, carece de las temáticas y recomendaciones más importantes, omite datos relevantes sobre el libre ejercicio de las libertades fundamentales y oculta información sobre la violencia estructural que viven los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en el país”.
El pasado 2 de septiembre de 2024, el régimen presentó su Informe Nacional en el marco del EPU.
Este examen es un proceso especial que supone una revisión periódica del historial de derechos humanos de todos los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.
A inicios de septiembre, el régimen de Nicaragua, aseguró en su Informe Nacional, que “Nicaragua continúa trabajando por la paz, la estabilidad, el bien común, la justicia, el orden constitucional y social, los derechos humanos de todos, lo que se refleja en este Cuarto Examen Periódico Universal, del 2019–2024”.
Sin embargo, diversas organizaciones internacionales como el Instituto Internacional para la Libertad Religiosa (IIRF, por sus siglas en inglés) expresaron que “el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua, en 2019, da cuenta que las recomendaciones realizadas evidencian alarmantes retrocesos y el deterioro en temas de derechos fundamentales relacionados con los derechos civiles y políticos, así como con los derechos económicos sociales y culturales.
Nicaragua es una zona silenciada por el régimen
Por su parte, la Coalición Nicaragua Lucha lamentó que el Informe Nacional presentado por el Estado de Nicaragua rumbo a la cuarta evaluación del EPU, haya sido elaborado sin consultar a la sociedad civil y ciudadanía nicaragüense, omitiendo las principales recomendaciones realizadas por el mecanismo en su tercer ciclo el año 2019.
“La omisión de actores fundamentales de la sociedad civil, evidencia la poca legitimidad de los cada vez menos reportes que Nicaragua presenta en cumplimiento a sus compromisos internacionales”, precisó la Coalición.
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De igual manera, la Coalición advirtió que el régimen de Ortega está sumiendo en el oscurantismo a Nicaragua, convirtiendo al país en una zona silenciada por el terrorismo de Estado.
“En Nicaragua no existe acceso a información pública confiable para la verificación y seguimiento de lo que sucede en el país, problemática exacerbada por la persecución que se traduce en el hostigamiento y amedrentamiento a defensores de derechos humanos, tras el cierre masivo de organizaciones y medios de comunicación que trabajan en monitoreo, rendición de cuentas y transparencia”, continuó.
Coalición desmiente datos del Informe Nacional
El comunicado de la Coalición presenta una comparación sobre los datos o hechos presentados por el Informe Nacional del régimen y desmiente diversos párrafos del documento con hechos fehacientes y comprobados por la sociedad civil nicaragüense y organismos internacionales encargados de la defensa de los derechos humanos.
En su párrafo 106, el Informe Nacional señala que “La Paz y la Estabilidad Nacional son una conquista y realidad para el Pueblo de Nicaragua, construida en conjunto con todos los sectores nacionales que aman la nación nicaragüense y base para el avance progresivo de todos sus Derechos Humanos”.
Sin embargo, la Coalición comparte el resultado de las investigaciones efectuadas por el Grupo Internacional de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI) y el (GHREN) que concluyeron que en Nicaragua se cometieron y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad.
De igual manera, sobre la libertad de reunión y asociación en el país, el régimen aseguró en el párrafo 109 que en el país “pueden ejercer su labor, apegadas a sus estatutos internos, sin quebrantar el ordenamiento jurídico nacional … demostrando impunidad en la que se desarrolla el Terrorismo de Estado en Nicaragua y la erosión del Estado de Derecho en el país.”
Pero, de igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmiente lo presentado por el régimen y asegura que desde el 2019 hasta agosto del 2024 se reportan al menos 5,600 organizaciones canceladas por el régimen autoritario.
“El impacto en la sociedad civil es devastador, la eliminación de estas organizaciones limitó gravemente la participación cívica y la defensa de derechos”, continuó.
“La mayoría de los cierres se produjeron sin un debido proceso legal, afectando a más del 47% de las organizaciones que operaban legalmente”, finalizó.
Otro dato desmentido por la Coalición es sobre el acceso a la libertad de expresión, protesta y acceso a la información, en este punto el régimen presentó el total de estaciones de radiodifusión y televisión existentes en el país y asegura que solo existen dos medios de comunicación que son propiedad del Estado.
Pero el último informe de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) deja en evidencia que en Nicaragua se continúan implementando restricciones severas a la libertad de prensa, y al menos 278 periodistas se vieron forzados a huir del país por ser perseguidos, encarcelados y desaparecidos forzados por corta duración. No existen periódicos de circulación nacional, y los canales de televisión independientes fueron censurados.
“Son al menos 48 medios de comunicación que tuvieron que cerrar. En la actualidad hay una periodista cuyo paradero es desconocido tras una visita de la Policía”, continuó.
Además de estos hechos, la Coalición desmintió los postulados presentados por el régimen sobre la falta de obligaciones del gobierno con organismos internacionales defensores de derechos humanos, con la realización de elecciones democráticas, con la independencia judicial y el estado de derecho, así como por los casos de prisión arbitraria y por motivos políticos.
Las organizaciones de la Coalición señalan que la documentación presentada por el Estado de Nicaragua carece de indicadores confiables y verificables, se hace omisión de temas transversales a la Democracia y Estado de Derecho, e inclusive tan solo se encuentra la palabra “justicia” en tres oportunidades en todo el reporte de 20 páginas.
“Este 2024, el Informe Nacional ignora las principales recomendaciones con respecto a la apertura al escrutinio internacional, la liberación de personas presas políticas, la investigación y reparación de las personas asesinadas el 2018, y el llamado a elecciones justas e independientes, entre otras”, señala el comunicado de las organizaciones parte de la Coalición.
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