Juan Carlos Arce Campos es un abogado y sociólogo nicaragüense comprometido con la defensa de los derechos humanos. Durante más de dos décadas, ha dedicado su vida a proteger a los más vulnerables en un país donde las libertades civiles han sido totalmente restringidas bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Nacido en Managua, Arce Campos fue moldeando su vocación desde joven, impulsado por un profundo sentido de justicia que lo llevó a estudiar derecho, con la convicción de que podía marcar la diferencia. Luego estudio sociología. Ambas carreras en la ahora clausurada Universidad Centroamericana (UCA).
A lo largo de su carrera de 24 años, Arce Campos ha sido testigo y protagonista de algunos de los momentos más críticos de la historia reciente de su país. Desde sus primeros años como pasante en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) hasta su actual trabajo en el exilio, su misión siempre ha sido clara: defender los derechos fundamentales de las personas vulneradas por el poder.
Ha colaborado con diversas organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, siendo una voz potente en la denuncia de los abusos del régimen, lo que le valió no solo el respeto de sus colegas, sino también la atención indeseada de un sistema represivo que lo vio como una amenaza.
Pasantía con el Cenidh
Mientras estudiaba derecho en la UCA, hizo una pasantía con el Cenidh, la cual fue decisiva para “conectar” con su vocación y entender que “tenía un propósito”: defender los derechos de los nicaragüenses. Recuerda que, “en ese momento (2002) había cierta institucionalidad democrática” y, desde el Estado, había respeto hacia los defensores de derechos humanos.
Al terminar su pasantía en el Cenidh, se desempeñó como maestro de primaria y luego laboró en una organización no gubernamental, al tiempo que estudió sociología. En 2011 volvió al Cenidh, como coordinador de esa organización en Matagalpa.
Fue “una experiencia distinta, retadora, porque era coordinar una de las filiales importantes del Cenidh, porque, la zona norte (de Nicaragua) es una zona históricamente de escenarios de guerra donde hay profundas heridas” que aún no han cerrado, mencionó.
El caso de “la masacre del 19 de julio”
En Matagalpa, uno de los casos que marcó al abogado y le hizo pensar que los poderes del Estado empezaban a funcionar a favor de los intereses del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue el de la “masacre del 19 de julio”, ocurrida en dos puntos diferentes del departamento de Matagalpa el 19 de julio de 2014.
Una caravana de simpatizantes sandinistas fue emboscada a balazos. Cinco personas murieron y 16 fueron heridas, según el expediente judicial.
El régimen capturó, acusó y juzgó a 12 personas, nueve de ellas permanecen encarceladas bajo los delitos de conspiración, proposición, crimen organizado, asesinato, lesiones graves, tenencia de armas restringidas y daños a la propiedad.
Arce Campos, en compañía de su equipo, visitaron Ciudad Darío y al conocer el testimonio de las familias y conocidos de los acusados, además de haber realizado las investigaciones de campo pertinentes, no podían entender “cómo personas que no habían participado (en la masacre)” estaban pagando por algo que no hicieron.
“Porque al menos las personas que yo entrevisté no participaron en esa acción por la cual se les inculpó, todos ellos estaban en otro lugar, todos ellos estaban en actividades familiares… En ese momento empezábamos a ver una Fiscalía que inventaba casos (…) “Lo que entendemos es que había una orden, una voluntad política de inculparlos y de condenarlos. Con efecto así se dio”, apunta el abogado.
Además de haber inculpado a personas inocentes, Arce Campos agrega el hecho de que el régimen empezó a aplicar el “cambio de jurisdicción” para casos penales “de importancia”. Aunque los hechos ocurrieron en el departamento de Matagalpa, el caso fue trasladado a Managua.
“Notamos patrones de abusos, de articulación entre las instituciones como la Policía y la Fiscalía en función de una narrativa gubernamental”, señaló.
El abogado defensor de derechos humanos calificó este caso como “muy complejo”, porque no terminó de entender “cuál era la razón” para encarcelar a personas que no tuvieron nada que ver con los hechos ocurridos ese 19 de julio de 2014, pues entre los acusados había simpatizantes sandinistas.
Sin embargo, percibió la intención del gobierno de tratar de revictimizarse y a la vez, de mostrarse como un gobierno de mano dura.
“Yo sí creo que el régimen tiene el objetivo y la intención política de presentarse como brutales, eso no les molesta, ese es el objetivo. Ellos quieren generar miedo para desmovilizarte”, dice.
En 2014 también participó en la investigación sobre la construcción del Canal Interoceánico de Nicaragua y en su recorrido por La Fonseca y Prinzapolka, dice haber reconocido “el espíritu de resistencia de los campesinos”, que, según sus palabras, “era fuertísimo”.
“Recuerdo que en esas giras la Policía ya nos perseguía, hubo una moto que nunca se nos despegó y ya uno comenzaba a sentir ese estado policial. Hablando de este trabajo, en una ocasión llegaron a buscarme a mi casa oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial, llegaron a preguntar por mí, era una acción para decirme: sabemos dónde vivís”, agrega.
Arce Campos cree que este acto de intimidación dirigido fue producto del acompañamiento que realizó a la población campesina en la zona trazada para la construcción del Canal Interoceánico.
“La mochila bomba” de Pantasma
Como coordinador del Cenidh en Matagalpa, Arce Campos también pudo constatar “de primera mano” las injusticias a las que se ven sometidos los campesinos en las zonas rurales del norte del país.
“Hubo una época en la que el Ejército de Nicaragua persiguió de manera implacable a cualquier grupo armado, y yo documenté media docena de esos casos”, recuerda.
Realizó diversas investigaciones de campo para el Cenidh como el caso de “la mochila bomba”, ocurrido en enero de 2015 en Santa María de Pantasma, Jinotega, donde fueron asesinados el brigadista de salud Modesto Duarte de 63 años y dos personas más, quienes supuestamente eran parte de un grupo armado que se moviliza en la zona.
“Llegamos y podíamos ver los pedazos de cadáveres, había un pie en un árbol. Pudimos hablar con la familia y yo recuerdo como si fuese ayer, como en la conferencia de prensa, porque en ese tiempo se podían hacer, los campesinos familiares de don Modesto decían: ‘¿Por qué nos matan, no entendemos por qué nos matan, por qué? Somos campesinos y lo que hacemos es producir la tierra’. Entonces esa era como la sensación de injusticia, pero también de impunidad”, recuerda.
El abogado compara el actuar del Ejército de Nicaragua en el campo como si hubiera ejecutado un “operativo de tierra arrasada”, pues, señala, trataban de que no existieran testigos ni sobrevivientes de los sucesos.
Luego, en 2017, acompañó el caso de una niña de dos años asesinada por oficiales de la Policía en la captura, en horas inhábiles, de un presunto asaltante.
Una sola bala, disparada por un M-16, uno de los más famosos fusiles de asalto y de alta precisión, incluso a grandes distancias, habría matado a Cairo Blandón Lemus y a la hija de este, Dayra Junieth Blandón Sánchez, el 5 de febrero de 2017 en El Tuma-La Dalia, Matagalpa, según las averiguaciones que el Cenidh, coordinado por Arce, realizó sobre el caso.
“Estamos hablando que ya después de 2015 hay una tendencia a que la Policía no te recibe, ya no existe esa relación con los funcionarios como hace 20 años. Una de las acciones del Frente Sandinista fue destruir la institucionalidad que había y ya iba generando en las instituciones una lealtad perruna”, señala Arce, agregando: “Creo que Daniel Ortega y su grupo siempre tuvieron claro que la institucionalidad y democracia eran un problema”.
2018, frente a frente con la muerte
En abril de 2018 pudo observar de primera mano las diferentes violaciones de derechos humanos sufridas por la población pues había sido trasladado hacia la capital.
Junto a los abogados del Cenidh Gonzalo Carrión y Salvador Lulio presenció la embestida de los grupos de choque contra los manifestantes que se encontraban en Camino de Oriente, donde uno de sus compañeros resultó herido. Al pasar de los días, pudo constatar que el nivel de la agresividad de la Policía iba en aumento.
“En las primeras semanas estamos hablando de más de 60 jóvenes asesinados y cuando vos mirabas los patrones de jóvenes asesinados con disparos al pecho, a la cabeza, y eso era los más duro, lo más fuerte. Pero lo que también te llenaba de aliento eran las grandes manifestaciones que se realizaban”, agrega.
Arce Campos recuerda que durante las siguientes semanas el Cenidh empezó a recoger denuncias de violaciones a los derechos humanos en los diferentes departamentos y empezaron a escuchar de personas armadas que, con el tiempo, se convirtió en el ejército de paramilitares que reprimían las manifestaciones.
“En ese momento el Cenidh ocupó un papel muy importante, porque nosotros documentamos más de 90 casos de asesinados. Recibimos a sus familias, los acompañábamos a la Fiscalía, les tomábamos la palabra al Gobierno, no sé si recuerdan que el Gobierno dijo, vengan denuncien”, recuerda. Sin embargo, el abogado señala que “todos los casos están en absoluta impunidad”.
Con el Cenidh pudo colaborar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita a la ciudad de Masaya donde recibieron a decenas de afectados por la represión, así como con el Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y en la elaboración de su informe sobre Nicaragua que dejó claro que en el país se cometían crímenes de lesa humanidad.
“Me tocó ver la muerte, pero también ver los efectos. Cuando es una muerte violenta, cuando es una muerte injusta, cuando es una muerte que está acompañada de total impunidad, he estado ahí con los familiares y he tenido que ser fuerte, he tenido que controlar mis emociones, porque todo eso te afecta. Si no lo controlas te daña”, añade.
“No se preocupen, ya están en un territorio seguro”
Arce Campos acepta que durante el 2018 pensaron que el régimen no se iba a atrever a tocar a las organizaciones defensoras de derechos humanos hasta el cierre del Cenidh, en diciembre de ese mismo año.
“Pero luego vimos una arremetida más fuerte, se tomaron las oficinas del Cenidh, vimos cómo en una conferencia de prensa vinculaban a doña Vilma Núñez y Gonzalo Carrión con el llamado golpe de estado y con el incendio del Carlos Marx”, recordó. Fue en ese momento en que decidió salir del país.
Salieron por punto ciego, hacia Costa Rica, pero la persona que los guiaba los llevó directo a un puesto de vigilancia del Ejército de Nicaragua. Él relata que, aunque fueron detenidos por los militares que se encontraban en el puesto en ese momento, estos les permitieron continuar y ya en territorio costarricense un oficial de Migración de ese país les dijo “no se preocupen, ya están en un territorio seguro”.
Junto a otros compañeros de trabajo, fueron albergados en la Iglesia Luterana de Costa Rica, donde con apoyo, pudieron alquilar una oficina. “Ya estando acá empezamos a poner sobre la mesa la idea de que podíamos continuar, porque, ya de enero de 2019 había miles de nicaragüenses que habían salido del país producto de la operación limpieza”.
Fue en ese momento en que empezaron a documentar los casos y encontraron un patrón característico en casi todos, que era el haber recibido tortura.
“En 2019 empezamos a organizarnos, estuvimos un poco más de un año hasta que tuvimos nuestras propias oficinas”, rememora Arce Campos.
Actualmente Juan Carlos Arce Campos es parte del equipo de coordinación del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. organización no gubernamental dedicada a la defensoría de los derechos humanos de los nicaragüenses que se encuentran dentro y fuera del país. Con el Colectivo ha colaborado con organismos internacionales como la CIDH, el GIEI el MECENI, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.
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