El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha presentado una nueva terna de candidatas para ocupar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), tras el rechazo a la candidatura de Valdrack Jaentschke Whitaker por parte de los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros.
Las tres candidatas cuentan con un historial de lealtad al régimen Ortega Murillo.
Entre ellas está Arling Patricia Alonso Gómez, diputada ante la Asamblea Nacional durante los últimos 12 años y miembro de su Junta Directiva. Médico de profesión y originaria de Chinandega, Alonso fue incluida en la “Lista Engel” del gobierno de Estados Unidos en julio de 2023 por su presunta participación en actos antidemocráticos y corrupción.
También es parte de la terna María Amelia Coronel Kinloch, actual titular del Ministerio del Interior y abogada graduada de la Universidad Centroamericana.
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Coronel desempeña un papel crucial en la implementación de políticas gubernamentales controvertidas, incluyendo confiscaciones y cancelaciones de personerías jurídicas de ONG.
La tercera candidata de Ortega es la exministra de Salud Sonia Castro González, quien ahora es asesora presidencial para Asuntos de Salud.
Castro ha sido sancionada por Estados Unidos debido a presuntas violaciones de derechos humanos, específicamente por supuestamente negar atención médica a heridos durante las protestas iniciadas en 2018.
La defensora de Derechos Humanos, Haydeé Castillo, ante la terna presentada publicó en sus redes sociales: “Ante el fracaso de que el SICA eligiera como Secretario General a Valdrack Jaentschke, la Dictadura de Ortega propone terna: Dra. ARLING ALONSO, LIC. MARÍA CORONEL, Dra. SONIA CASTRO, algunas señaladas como cómplices de crímenes de lesa humanidad”.
El régimen nicaragüense afirma que esta propuesta cumple con el proceso de nombramiento establecido por el Protocolo de Tegucigalpa y las declaraciones de los líderes de los países miembros del SICA en 2017 y 2022.
Sin embargo, aunque Nicaragua cumpla con la parte procedimental, no significa que haya espacio para una persona sancionada en la secretaría del sistema de integración.
Así lo dijo Alexa Zamora, activista política y defensoras de Derechos Humanos, a Mosaico CSI: “aunque se cumpla con la parte procedimental, es totalmente inviable para el sistema de integración pensar en una secretaría general con una persona que no puede llevar a cabo actividades administrativas debido a sanciones económicas, además que están vinculadas a la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos”.
La designación del nuevo secretario general sigue siendo un tema pendiente en la agenda de la organización regional.
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