El patrón de desapariciones forzadas y «de corta duración» por motivos políticos se ha intensificado en Nicaragua, convirtiéndose en un instrumento de represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señala la Coalición Nicaragua Lucha.
Conformada por 26 organizaciones, la Coalición denunció a través de un comunicado que varias organizaciones han presentado informes al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre esta situación.
Además, mencionan como referente de este tipo de violencia el informe sobre represalias del año 2024, en el que se documenta la desaparición forzada del diputado y líder indígena Brooklyn Rivera, así como el hostigamiento a defensores de derechos humanos que participan en eventos internacionales.
“Tras la excarcelación y deportación forzada de 135 personas (el 5 de septiembre reciente), aún existen al menos 36 presos políticos en el país, algunos de ellos miembros de pueblos indígenas, cuya situación se desconoce”, describen en el texto.
Es por lo anterior que la Coalición exige saber el paradero de estos detenidos y reitera que no descansarán hasta conseguir su liberación.
Subregistro de desapariciones forzadas
Nicaragua Lucha alerta sobre el subregistro de los casos de desapariciones forzadas, ya que, debido al temor generado por el «terrorismo de Estado» del régimen muchas víctimas y familiares no realizan denuncias públicas.
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“La disminución de los números de denuncias busca invisibilizar la situación de Nicaragua, al igual que la excarcelación de las personas presas políticas para su posterior destierro y el despojo arbitrario de su nacionalidad. Recordamos que la periodista Fabiola Tercero sigue estando con paradero desconocido”, destaca el documento.
Agregaron que “son al menos 300 personas a las que se ha privado su nacionalidad, y unos 160 que no pueden volver (apatridia de facto) a Nicaragua”.
Las desapariciones forzadas, se señalaron en el comunicado, como ”una estrategia de control absoluto sobre el territorio y la vida nicaragüense, reproduciendo las violaciones a los derechos de las víctimas y sus familias. Ello ante la ausencia de mecanismos para prevenir, investigar, sancionar y reparar dichos actos y por la implementación, desde el año 2018, de medidas legislativas contrarias a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, explicaron.
En este contexto, la Coalición recuerda que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad y hace un llamado a la comunidad internacional para que tome acciones concretas contra la impunidad del régimen autoritario en Nicaragua.
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