Un grupo de 18 nicaragüenses que se encontraban indocumentados en Costa Rica fueron detenidos por actividades relacionadas con la minería ilegal y están bajo el aviso de deportación, como parte de un operativo realizado por la Fuerza Pública de ese país en los últimos días.
A los nicaragüenses les decomisaron cuatro radios de comunicación walkie talkie, con los que, según la Fuerza Pública, se dedicaban a comunicar sobre la presencia de autoridades en la zona de “Crucitas”, donde se practica la extracción ilegal de oro.
“Estos radios de comunicación son utilizados por las personas coligalleras (mineros artesanales), para avisar sobre la presencia de oficiales de Fuerza Pública que realizan recorridos en los diferentes puntos del sector. Además, la persona a la que se le es decomisado estos equipos es pasada a la Fiscalía por el delito de patrocinio”, dijo a Noticias Repretel el encargado de operaciones de la Fuerza Pública en el sector de Cutris, Didier Morales.
La detención de los nicaragüenses sucedió en una cuartería ubicada en el distrito de Cutris, cantón (municipio) de San Carlos, Alajuela. Ubicado en la zona fronteriza con Nicaragua.
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Durante el primer cuatrimestre de 2024, la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica deportó del país a 350 extranjeros, de los cuales 277 fueron deportados por encontrarse en condición migratoria irregular y 73 por contar con antecedentes penales.
De los 350 extranjeros deportados, 323 eran nicaragüenses.
De igual manera, en su portal informativo, Migración de Costa Rica informó que durante el año 2023 deportó a 977 personas extranjeras, de las cuales 825 eran nicaragüenses. Durante ese año, 29 nicaragüenses fueron llevados a la frontera con Nicaragua bajo la figura de expulsión.
En Costa Rica, la deportación es el acto administrativo mediante el cual se ordena el traslado de una persona extranjera fuera del territorio nacional.
Mientras que la expulsión, es una orden emanada por el Ministerio de Gobernación y Policía y ejecutada por la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, en resolución razonada, por medio de la cual la persona extranjera que goce de permanencia legal bajo cualquier categoría migratoria deberá abandonar el territorio nacional, en el plazo fijado para tal efecto, cuando se considere que sus actividades comprometen la seguridad pública, la paz, la tranquilidad o el orden público.
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