La situación de las defensoras de derechos humanos en Nicaragua ha alcanzado niveles alarmantes de represión y violencia, según revela un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). Este documento, que abarca desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018 hasta el 19 de julio de 2024, ofrece un panorama sombrío de persecución sistemática y violaciones a los derechos fundamentales.
Bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua se ha transformado en lo que muchos consideran un Estado totalitario. El informe de IM-Defensoras arroja cifras estremecedoras: en poco más de seis años hubo 11,493 agresiones contra 1,528 defensoras y 365 organizaciones.
La escalada de violencia es particularmente notoria en 2024. En solo siete meses, desde enero hasta julio, la Iniciativa Mesoamericana documentó 1,534 agresiones contra 121 defensoras y 6 organizaciones, casi duplicando las 805 agresiones registradas en el mismo período del año anterior. Esta tendencia al alza refleja una intensificación de la represión, especialmente en fechas cercanas a efemérides emblemáticas como el 18 de abril de 2018 y, el 19 de julio de 1979.
El acoso digital: una nueva frontera de agresión a las defensoras
El informe destaca que el 85% de las agresiones registradas en 2024 ocurrieron en entornos digitales. Estas incluyen la divulgación de hechos falsos (292 casos), cuestionamientos al liderazgo y profesionalidad de las defensoras (282 casos), ridiculización de su trabajo (151 casos), y violencia verbal (96 casos) o psicológica (91 casos).
Asimismo, el 58% de estas agresiones digitales contienen elementos de discriminación por género.
Las defensoras son atacadas con lenguaje misógino y expresiones de odio basadas en su sexualidad, orientación sexual, aspecto físico o edad. «Gorda payasa», «vieja bigotuda», «perra golpista», son solo algunas de las expresiones utilizadas para denigrarlas.
Además, el informe observa la adopción del lenguaje de grupos ultraconservadores, con términos como «feminazi», «abortera» o «femilocas», en un intento de deslegitimar la lucha por los derechos de las mujeres.
Desplazamiento forzado o la vida bajo vigilancia
El informe revela otra tendencia alarmante: el aumento del desplazamiento forzado.
Desde 2018, 165 defensoras y mujeres activistas han sido obligadas a abandonar sus hogares. Solo en los primeros siete meses de 2024, 13 defensoras y activistas se vieron forzadas a desplazarse, principalmente debido al incremento de la vigilancia y el hostigamiento en sus viviendas, la expulsión del país (apatridia) o la negativa de ingreso al territorio nacional.
Este fenómeno no solo afecta a las defensoras, sino también a sus familias.
IM-Defensoras documenta un total de 20 desplazamientos forzados cuando se incluye a los familiares. El informe «Nadie se va porque quiere» detalla los múltiples impactos que el desplazamiento y el exilio generan en las defensoras y sus seres queridos.
Suscríbase a nuestro Canal de YouTube
Además, en 2024 fueron documentados 16 incidentes contra mujeres activistas, defensoras de derechos humanos y sus familiares. El 69% de estos casos corresponden al «destierro de facto», negando la entrada al país a las defensoras o sus familiares.
Un nuevo patrón de agresión, observado en el 25% de los casos, implica el uso de mecanismos coercitivos y amenazas para disuadir a las defensoras de ingresar al país. Esto incluye el monitoreo de sus redes sociales, interrogatorios por autoridades migratorias, y amenazas para silenciarlas una vez que han regresado al país.
Para aquellas defensoras que permanecen en Nicaragua, la vida se ha convertido en un constante estado de alerta. El informe documenta 65 incidentes de hostigamiento, 46 de vigilancia y monitoreo de la vida cotidiana, y 23 amenazas directas en 2024.
Las tácticas incluyen visitas policiales periódicas a sus hogares, restricciones a su libertad de movimiento, y la obligación de firmar bitácoras o reportes para confirmar su presencia en casa.
Algunas defensoras incluso enfrentan la no renovación de sus documentos de identidad, lo que las coloca en una situación de «muerte civil», limitando severamente su capacidad para trabajar o moverse libremente.
Criminalización y condiciones inhumanas en prisión
Al 19 de julio de 2024, había 25 mujeres presas por motivos políticos en Nicaragua, 15 de ellas activistas y defensoras de derechos humanos. Aunque algunas fueron excarceladas y desterradas el 5 de septiembre, junto con más de un centenar de presos políticos, su situación sigue siendo precaria.
Las condiciones de detención son extremadamente preocupantes. Las presas políticas son recluidas en celdas de máxima seguridad, en aislamiento y bajo vigilancia constante. Les niegan el acceso regular al patio, la recepción de paquetería y las visitas familiares. Una de ellas permanece confinada en solitario desde octubre de 2023.
La salud de las presas se ha deteriorado significativamente debido a la falta de luz solar, alimentación inadecuada, condiciones insalubres y violencia psicológica. También reportan casos de ansiedad, insomnio, alergias, trastornos ginecológicos, diabetes y problemas de presión arterial, entre otros.
Facebook Comments