El asesinato de Juan Antonio López, defensor del medioambiente, concejal y líder religioso, este domingo 15 de septiembre en Tocoa, Honduras, ha generado indignación en toda América Latina.
López, quien fue coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo y un firme opositor a proyectos mineros en Honduras, fue asesinado a balazos tras salir de una iglesia.
Además, era miembro de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM) y del Consejo Apostólico Nacional de la Compañía de Jesús en Honduras, y dedicó su vida a la defensa de los recursos naturales del país, en especial del río Guapinol, gravemente amenazado por proyectos mineros.
Su lucha lo convirtió en blanco de constantes amenazas y persecuciones. En 2018, fue detenido por su activismo en defensa del medioambiente, y en 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares a su favor debido a las amenazas de muerte que recibía. Sin embargo, estas medidas no evitaron su asesinato.
La Iglesia latinoamericana, encabezada por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) y la REMAM, emitieron fuertes mensajes condenando el crimen.
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El CELAM, en un comunicado firmado por su presidente, el arzobispo brasileño Jaime Spengler, lamentó profundamente la muerte de López, calificándola como un “reflejo de la intolerancia y la violencia que intentan imponer su voluntad a través de la fuerza”.
Por su parte, la REMAM, presidida por el arzobispo de Yucatán (México), Gustavo Rodríguez Vega, expresó su “dolor profundo” por la muerte de López y destacó su papel como esposo, padre, líder comunitario y devoto de san Óscar Arnulfo Romero.
“Su memoria nos recuerda, al igual que muchas otras personas criminalizadas, como Berta Cáceres, otra víctima más de la violencia, que no es simplemente un nombre en una estadística, ni un número más. Era un hijo de Dios, un hermano afable y cercano. Honramos su testimonio de fe y su obra por el amor a una mejor casa común”, señaló REMAM.
López fue uno de los principales opositores al llamado «Monstruo de Siete Cabezas», un megaproyecto extractivo impulsado por la familia Facussé en Honduras.
Este proyecto incluye dos minas de óxido de hierro, una planta termoeléctrica y una planta peletizadora, que, según López y otros activistas, amenazan con destruir el ecosistema del río Guapinol y del parque nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras.
Su asesinato ocurre pocos días después de que, el 10 de septiembre, López pidiera públicamente la dimisión del alcalde de Tocoa, Adán Funez, en una conferencia de prensa.
La REMAM denunció que este crimen busca silenciar las voces de los líderes comunitarios que, como López, luchan contra los intereses económicos y políticos que destruyen el medioambiente.
Para la REMAM, el asesinato de Juan Antonio López es un “mecanismo para silenciar las voces de los lideres comunitarios que, como él, luchan por el bien común frente a intereses económicos y políticos que recurren al asesinato como instrumento”.
Denunció que la muerte de Juan Antonio López no es un hecho aislado ni circunstancial pues cada vez más, las empresas extractivas, las alianzas entre el narcotráfico y los líderes políticos, “el actual modelo económico tecnocrático y, en esencia, el sistema de muerte, engendran más ‘Juanes López’ y ‘Bertas Cáceres’ en nuestros pueblos de Mesoamérica”.
Tanto la REMAM como el CELAM han exigido una investigación exhaustiva por parte del gobierno hondureño, la fiscalía general y la Corte Suprema de Justicia para identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato.
Mientras tanto, la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) recordó a Juan López como un verdadero “discípulo y misionero” que vivió su fe a través de sus acciones concretas en defensa del medioambiente.
“Como pastores de la Iglesia que peregrina en Honduras, repudiamos enérgicamente este vil asesinato y pedimos a las autoridades que no sólo se hable de justicia, sino que se trabaje diligente y sinceramente en el deber de garantizarla a todos los ciudadanos”, señalan los obispos hondureños.
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