La organización Solidaridad Cristiana en el Mundo (CSW, por sus siglas en inglés), que trabaja en 20 países de distintos continentes para garantizar que se defienda y proteja el derecho a la libertad de religión o creencias, instó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a proporcionar pruebas de vida y liberar de manera inmediata a Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, dos católicas que colaboraban con la Diócesis de Matagalpa y que ahora están en condición de desaparición forzada.
Sáenz, de 49 años, y Gutiérrez, de 58, fueron detenidas el 10 de agosto recién pasado y fueron excluidas del grupo de 135 presos políticos desterrados a Guatemala el 5 de septiembre reciente, lo que ha generado preocupación entre sus familiares y la comunidad internacional.
La Diócesis de Matagalpa ha sido blanco de los sistemáticos ataques del régimen Ortega Murillo y el propio obispo, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, fue encarcelado, sentenciado sin juicio a 26 años y 4 meses de prisión, y posteriormente desterrado.
Gutiérrez coordinaba, desde 2006, el Programa de Apoyo Financiero Urbano y Rural (Proafur) gestionado por la clausurada Asociación Cáritas Diocesanas de Matagalpa, que ofrecía créditos a pequeños productores sin acceso a la banca privada.
En tanto, Sáenz servía desde 2018 como promotora de justicia en casos de nulidad matrimonial. Ella antes fue funcionaria del Poder Judicial en Matagalpa.
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De acuerdo con CSW, Gutiérrez fue detenida a las 8 de la mañana en la finca Guadalupana, en la comunidad Samulalí, jurisdicción del municipio de Matagalpa, al límite con San Ramón.
Mientras que Sáenz fue detenida antes de las 6 de la mañana en la casa que alquilaba en el residencial Lomas de San Thomas, al noreste de la ciudad de Matagalpa, según CSW por “dos unidades policiales integradas por 15 agentes con pasamontañas y portando rifles AK-47”.
“Sus familias no han tenido comunicación con las mujeres ni garantías de que estén vivas desde entonces”, señala la organización en una publicación de este 9 de septiembre.
La directora de incidencia política de CSW, Anna Lee Stangl, expresó su preocupación por la situación y llamó al régimen Ortega Murillo a brindar una prueba de vida y liberar inmediatamente a las mujeres encarceladas.
“Ninguna de las dos mujeres ha cometido ningún delito, excepto dedicar su vida al servicio de sus comunidades, a través de la Iglesia Católica Romana e inspiradas por su fe”, reiterando que la comunidad internacional debe exigir un alto a los ataques del régimen contra la sociedad civil y los defensores de derechos humanos.
La situación de Sáenz Martínez y Gutiérrez Poveda ha llamado la atención de la comunidad internacional. Si bien CSW ha agradecido a los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala por su papel en la liberación de los 135 presos políticos, la organización enfatiza que estas personas «nunca debieron haber estado en prisión en primer lugar»
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