La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) decidió extender hasta noviembre de 2024 el Convenio Marco de Aseguramiento Colectivo para la Cobertura del Seguro de Salud destinado a personas solicitantes de refugio y refugiadas en Costa Rica.
Este convenio firmado entre la CCSS, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y la Fundación UCR, está vigente desde el 1 de septiembre de 2023, y fue financiado inicialmente por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con un aporte de un millón trescientos veinte mil euros.
El acuerdo de extensión fue aprobado en la última sesión de la Junta Directiva de la CCSS, tras constatar un remanente de 96 millones de colones de los fondos originales.
Según Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la CCSS, y citado en un boletín de esa institución, el remanente permitirá extender el convenio por tres meses más, hasta noviembre de 2024.
“Lo que se procura es aprovechar los 96 millones en esta extensión y asegurar a 5,499 personas con los recursos disponibles del 1 de septiembre al 30 de noviembre del año en curso”, indicó Picado.
La CCSS estima que con la extensión del convenio se podrá asegurar a 2,625 personas en septiembre, 1,757 en octubre y 1,117 en noviembre, lo que totaliza 5,499 personas.
Cada asegurado tiene un costo mensual de 403,462 colones, de los cuales 17,470 colones corresponden a la cuota que se cubre con los recursos de la AECID más el aporte del Estado costarricense.
El convenio tenía como objetivo inicial brindar aseguramiento a personas refugiadas o solicitantes de refugio a través del sistema de salud costarricense. Durante su primer año de vigencia, el convenio permitió que hasta 3,775 personas accedieran a los servicios de salud de la CCSS.
La prórroga del convenio fue validada por la Dirección Actuarial y la Dirección Jurídica de la CCSS. La Junta Directiva autorizó a la Presidenta Ejecutiva de la institución a firmar la adenda que extiende la cobertura del seguro de salud hasta noviembre de 2024.
Costa Rica ha enfrentado un aumento significativo en la llegada de personas refugiadas y solicitantes de refugio, particularmente desde Nicaragua, lo que ha generado una presión adicional sobre los servicios de salud y otros servicios públicos.
La CCSS no ha detallado si buscará nuevos fondos para una posible continuidad del convenio más allá de noviembre de 2024 o si está considerando otro mecanismo de aseguramiento para esta población vulnerable.
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