Nicaragua enfrenta un grave retroceso en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población, especialmente de las mujeres y adolescentes, de acuerdo con el colectivo feminista Las Venancias y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS).
Según Ana Quirós, directora de CISAS, el reconocimiento de estos derechos como parte fundamental de los derechos humanos habla de su importancia prioritaria para garantizar la salud sexual y reproductiva integral de hombres y mujeres. Sin embargo, lamentablemente esto no se refleja en la realidad nicaragüense.
Quirós señala que “desde la reforma al Código Penal en 2006 impulsada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se eliminó la posibilidad legal de acceder al aborto en casos de violación, riesgo para la salud de la madre o inviabilidad del producto. Esto, sumado a la posterior penalización del personal de salud que atiende estos casos, ha limitado gravemente el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva”.
Estado de Nicaragua “desvaloriza” el cuidado de la salud sexual
Por su parte, el colectivo Las Venancias afirma que el acceso a métodos de planificación familiar sigue estando centrado en la responsabilidad de las mujeres, quienes enfrentan una grave dificultad para obtenerlos de forma gratuita en los centros de salud.
“Muchas veces los métodos disponibles no se ajustan a sus necesidades, obligándolas a usar lo que encuentran y no lo más adecuado para su salud”, dice una integrante de esta organización. Incluso, Las Venancias advierten que en algunos casos los métodos y medicamentos en los centros de salud están vencidos.
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Para esta organización, se muestra un «descuido total de la salud en general y una desvalorización también del cuidado que se debe tener con la salud sexual en particular”.
Ante la ausencia de organizaciones gubernamentales que brindaban estos servicios,” las mujeres se ven obligadas a recurrir a métodos comprados de forma privada, lo cual limita enormemente su capacidad de acceder a una planificación sexual y reproductiva informada y segura”, detallaron a Mosaico CSI.
Ambas organizaciones coinciden en que la situación sociopolítica en Nicaragua atenta gravemente contra el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Por un lado, a través de la introducción de leyes que penalizan el libre ejercicio de estos derechos, “como el Código de Familia que reconoce únicamente la familia nuclear, desconociendo otras formas de familia y la libertad sexual”, detalla Quirós.
Y, por otro lado, el Código Penal, si bien castiga la violación y relaciones con menores de 14 años, no se aplica en la práctica, evidenciándose altos índices de embarazos en adolescentes, especialmente en zonas rurales y el Caribe.
Las mujeres, niñas y adolescentes de las áreas rurales de Matagalpa, Jinotega y El Caribe son las más expuestas a la violación de sus derechos sexuales y reproductivos, así como a la falta de acceso a educación y servicios de salud en estas materias.
Las Venancias advierten que, en las comunidades del Caribe del país, “las mujeres y niñas enfrentan una violencia sistemática por parte de colonos, mientras el Estado permanece ausente y más bien protege a los agresores. Esto provoca que muchas mujeres y niñas se vean obligadas a abandonar sus hogares”.
Quirós, por su parte, destaca que “la Organización Mundial de la Salud reconoce la salud sexual y reproductiva como parte fundamental del bienestar biopsicosocial de las personas, algo que debería traducirse en políticas y servicios que permitan a la ciudadanía ejercer estos derechos de forma gratificante y segura, sin coerción ni riesgos”. Sin embargo, en Nicaragua esto está lejos de ser una realidad.
Las organizaciones concluyen que la situación actual en Nicaragua representa un grave retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la población, como mujeres, niñas y adolescentes de las zonas rurales y el Caribe, quienes ven vulnerados sus derechos fundamentales.
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