La desaparición forzada en Nicaragua «no solo es un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado, enjuiciado y sancionado, sino que se está convirtiendo en una práctica sistemática, lo cual es extremadamente peligroso», advirtió Salvador Marenco, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en una entrevista con Mosaico CSI.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, en Nicaragua, las desapariciones forzadas han aumentado, con casos de personas cuyo paradero es desconocido por más de seis meses.
Para el Mecanismo, estas acciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo son parte de una estrategia deliberada para castigar y silenciar a sus opositores. Hasta el 31 de julio, se contabilizaban 9 personas sometidas a desaparición forzada en el país.
“Estas personas han sido secuestradas, y sus familiares han sido privados de cualquier información sobre su estado de salud, condiciones de detención, o incluso los cargos que enfrentan”, señaló la organización, que monitorea la situación de los presos políticos en Nicaragua.
A criterio de Marenco, en el país no existe ningún recurso legal eficaz contra las desapariciones forzadas ejecutadas por el régimen, a pesar de que la Constitución y el Código Procesal Penal de Nicaragua establecen normas y requisitos específicos.
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«Cada detención debe estar respaldada por una orden judicial de una autoridad independiente e imparcial; sin embargo, sabemos que el sistema judicial está manipulado», explicó el abogado integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El abogado destacó que la desaparición forzada es peligrosa porque no solo priva a la persona de su libertad, sino que también impide que sus familiares conozcan su paradero o puedan suplir sus necesidades médicas y alimentarias, dejándolos en una situación de vulnerabilidad extrema bajo la discrecionalidad de las autoridades.
“Se ha institucionalizado un tipo de tortura en Nicaragua, y la desaparición forzada solo agrava más la situación de tortura, porque las personas van a sufrir distintos vejámenes, y no van a tener a quien poder transmitírselos para que se escuche su voz, quedando en una absoluta indefensión a través de la desaparición forzada sea temporal o sea permanente”, apunta Marenco.
El pasado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recordó la “necesidad urgente de visibilizar el sufrimiento de las familias de los presos políticos, quienes son detenidos sin garantías y sin información sobre su paradero”.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a toda la sociedad nicaragüense para que se pronuncien firmemente contra las desapariciones forzadas en Nicaragua y exijan un compromiso real a la dictadura para volver a la senda democrática y liberar a los más de 151 presos políticos”, reiteró el Colectivo.
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