El femicidio de Ericka Judith Martínez Martínez, de 34 años, ocurrido el pasado 21 de agosto en la capilla del Hospital Militar de Managua, ha revelado graves fallos en el sistema judicial y en la protección a víctimas de violencia de género en Nicaragua.
A pesar de que existía una orden judicial que prohibía a Geovanny Alexander Fonseca Mendieta, de 41 años, acercarse a Martínez, este logró ingresar al hospital, donde ella trabajaba, y la asesinó en un lugar que debía ser seguro.
Fonseca Mendieta había sido acusado de violencia psicológica contra Martínez y enfrentaba un proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, durante una audiencia el 7 de marzo de este año en el Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Violencia de Managua, las partes acordaron aplicar el “principio de suspensión condicional de la persecución penal”.
Este principio, que se aplica una sola vez para delitos imprudentes o menos graves, permitió que Fonseca quedara en libertad bajo un “régimen de prueba”.
Condiciones del régimen de prueba
De acuerdo con el acta de esa audiencia, presidida por la jueza Henryette Casco Batres, Fonseca debía asistir a terapia cognitivo conductual en el centro de salud más cercano a su domicilio y reportar su progreso mensual a través de su defensa.
Asimismo, el hombre se comprometió a no realizar ningún acto de violencia o amenaza contra Martínez.
También le prohibieron comunicarse con Martínez “por cualquier medio, de forma directa o por interpósita persona, asimismo tiene prohibido acercarse a la víctima en cualquier lugar que se encuentren, sea en su centro de trabajo o en su vivienda y en cualquier lugar donde se encuentre, dentro de un radio de 500 metros”.
Como quinta condición, la jueza Casco ordenó a Fonseca Mendieta abandonar inmediatamente el hogar que compartía con Martínez y proporcionar un nuevo domicilio.
Asimismo, Casco emitió una orden de protección a Martínez, dirigida a la Policía del Distrito Cinco de Managua.
La expiración de ese período de prueba era el 7 de noviembre de este año.
A pesar de estas medidas, el 21 de agosto, Fonseca violó la orden judicial y se presentó en el Hospital Militar de Managua, donde Martínez trabajaba. Sin que el personal de seguridad del hospital lo impidiera, logró ingresar a la capilla del hospital, donde perpetró el crimen.
Feministas expresan indignación
El colectivo feminista Las Venancias reaccionó con dolor e indignación ante este femicidio, publicando en sus redes sociales: «Son días de luto, dolor e indignación”, apunta la publicación.
Las Venancias subrayan el peligro que enfrentan las mujeres en momentos de separación, cuando algunos hombres reaccionan con violencia al no aceptar la decisión de sus parejas.
«Demandamos que se haga justicia y este femicida pague por arrebatarle la vida a Ericka. Hay demasiados machos agresores sueltos que actúan impunemente, aún en espacios donde se supone que hay revisiones y controles de seguridad», expresan las feministas.
Fallas en la protección
Este caso plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas de protección a víctimas de violencia y la pertinencia de otorgar beneficios judiciales a agresores con historial violento en Nicaragua.
De acuerdo con la organización Católicas por el Derecho a Decidir, capítulo Nicaragua, solo en el primer semestre de 2024 fueron asesinadas 46 mujeres a causa de la violencia machista, incluyendo casos de mujeres nicaragüenses asesinadas en el extranjero.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado alrededor de 245 organizaciones feministas desde 2018, según la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos, dejando en total desprotección a las mujeres en Nicaragua, a pesar de que reabre las Comisarías de la Mujer, instancias donde la respuesta a las mujeres es la revictimización o la mediación.
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