Las defensoras de derechos humanos en Nicaragua viven bajo un contexto de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, con el cierre total del espacio cívico y democrático del país. Así lo destaca el informe «Mujeres defensoras: voces que no se silencian», que denuncia al de Nicaragua como un «Estado fallido», sin democracia, justicia ni libertad de expresión.
Desde las protestas de 2018, cuando al menos 355 personas fueron asesinadas y cientos más fueron detenidas, expulsadas o torturadas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado su represión.
Las leyes y reformas constitucionales aprobadas desde entonces han permitido el cierre de espacios cívicos, lo que ha resultado en la cancelación de la personería jurídica de al menos 3,248 organizaciones de la sociedad civil solo en el período comprendido entre 2019 y 2023.
Por otro lado, considera el informe, el modelo económico de Nicaragua también es de corte extractivista, estando en concesión el 23% de la superficie del país, mayormente territorios indígenas y afrodescendientes. Eso coloca a Nicaragua como el país de Centroamérica que más concesiones tiene en estos territorios.
Además, el oro representa la principal actividad de exportación. Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, citado en el informe, señala que estas exportaciones tienen un valor que supera los mil millones de dólares, siendo Estados Unidos el importador principal.
“El modelo extractivista está haciendo que la población sea empujada hacia los sectores más rurales, sobre todo de la Costa Caribe y de los territorios indígenas”, atribuye a Ruiz el informe.
Defensoras blanco de la Estrategia represiva
En este contexto, las defensoras nicaragüenses han sido un blanco privilegiado de la estrategia represiva. Según la IM-Defensoras, solo en los primeros 9 meses de 2021 se registraron 2.269 agresiones contra mujeres defensoras, incluyendo detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales, campañas de difamación y estigmatización, y violencia sexual.
Miriam, una defensora entrevistada para el informe, relata cómo la estrategia del gobierno busca desmovilizar la organización comunitaria y acaparar recursos, con invasiones de colonos a territorios indígenas que cuentan con el respaldo de las instituciones estatales.
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“Nuestro principal problema en el territorio son las invasiones de los colonos, que comienzan en 2011, afectando bastante a […] los pueblos indígenas, porque su cultura y costumbre no es la ganadería, sino la agricultura y cuidar sus bosques. Mientras que, cuando entran los colonos, [su] cultura es de tala, avanzar la frontera agrícola y poner los ganados. Entonces ahorita nosotros en el municipio tenemos bastante problema, porque los pueblos indígenas están siendo desplazados. Los colonos vienen del lado del Pacifico, de Managua; como son ganaderos y por la situación económica en que estamos, compran las tierras comunales, aunque es algo ilegal. Pero las autoridades que están en las instituciones […] apoyan a estos colonos dándoles sus documentos, aunque eso es ilegal. Y la consecuencia es que tenemos problemas con la comida, no se puede sembrar como antes, porque desde ese entonces, cuando ellos comienzan a poner ganado, la tierra ya no es fértil. Las mujeres tienen que desplazarse ahora. Por ejemplo, aquí en la comunidad donde yo vivo, todos los días, todas las semanas, tenemos mujeres migrando a Costa Rica, dejando sus casas porque no hay empleo, no hay nada”, señala el informe.
Por su parte, Atenea, otra lideresa, describe en el informe cómo han intentado silenciar su voz a través de acusaciones infundadas y vigilancia ilegal, lo que ha impactado gravemente en el tejido social de sus comunidades.
“A nosotras lo que querían hacer es… acusarnos de crímenes […] Fue algo escandaloso, terrible, fue brutal la agresión que nos hicieron. Decíamos que, si hubiesen sido hombres liderando este proceso, ¿los hubieran acusado de esos crímenes? O porque somos mujeres, ¿creían que íbamos a dejarlo, desistir del caso, para que ellos tomaran la rienda e hicieran lo que querían hacer? Es por eso que, cuando la corte no decidió sobre el caso, nos dimos cuenta de que era un juego político, en el que nosotras éramos el blanco de la agresión. La única manera que pudieron hacerlo es querer acusarnos…. Y lo dijeron públicamente, que éramos culpables. Imaginen lo que eso significaba para nosotras. Nuestro prestigio ante la comunidad, nuestra imagen como mujeres, como líderes, ante una acusación tan grave que, realmente, nos movió el piso”, relató.
El informe concluye que este contexto global de aumento de la demanda de recursos naturales y el «cierre o reducción de espacios cívicos y democráticos» a través de acciones represivas cada vez más sofisticadas, están poniendo en grave riesgo a las defensoras de la tierra y el territorio, especialmente a las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas. Sus voces, que ofrecen formas valiosas de cuidado del territorio y abordaje de la crisis climática, están siendo sistemáticamente silenciadas.
La publicación del informe Mujeres defensoras: voces que no se silencian, fue coordinada por Fundación Alianza por la Solidaridad Internacional dentro de los proyectos de Educación para el Desarrollo “Defensoras de los derechos humanos y la vida en el Sur Global”.
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