La Diócesis de Matagalpa, considerada un “semillero de vocaciones,” ha sido blanco de la represión del régimen Ortega-Murillo, que se autodenomina “cristiano, socialista y solidario”.
Aunque el clero ha sido reducido a menos de la mitad, las restricciones a las actividades eclesiales son más severas. Ahora, por orden policial, las misas deben ser breves, durando apenas media hora, según denuncias en algunas parroquias.
Grupos eclesiales y laicales han dejado de reunirse en las iglesias, las campanas ya dejaron de ser sonadas para llamar a las misas en las 28 parroquias de la Diócesis, también hay prohibiciones de visitar y llevar la Comunión a los enfermos en varias comunidades, lo que se suma a las prohibiciones de procesiones y otras actividades masivas; y la más enfática de todas: dejar de mencionar en las oraciones de las misas al obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando José Álvarez Lagos.
De acuerdo con un sacerdote en el exilio, “el odio y la furia” del régimen Ortega Murillo es precisamente hacia monseñor Álvarez, a quien “no pudieron doblegar ni siquiera con el destierro, porque ellos suponen que el obispo sigue pastoreando las dos diócesis, y no quieren eso”.
A pesar de la dureza con la que el régimen ha tratado al clero y a la Iglesia, este mismo sacerdote afirma: “Mientras haya fieles que mantengan viva la llama de la esperanza, la Diócesis de Matagalpa seguirá siendo un símbolo de resistencia frente a la tiranía”.
La merma del clero de Matagalpa
La Diócesis de Matagalpa, que en 2020 contaba con un clero robusto de 62 sacerdotes (sin incluir a 8 de una orden regular que no estaban listados), y a la que el obispo de Siuna, monseñor Isidoro Mora —ahora desterrado— califica como “una cantera de la fe”, ha sido mermada por la sistemática represión estatal que no empezó de la noche a la mañana.
La abogada Martha Patricia Molina Montenegro, autora de los informes “Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?”, ha documentado al menos 870 agresiones a la Iglesia desde abril de 2018 hasta julio de 2024.
En su discurso del 19 de julio de 2018, Daniel Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua —algunos de ellos sirvieron de mediadores en el diálogo nacional— de golpistas e incluso afirmó que guardaban armamento en las iglesias.
Ese mismo mes fueron públicos los primeros exilios de sacerdotes perseguidos en el país, mientras que otros eran asaltados y golpeados.
En la Diócesis de Matagalpa, donde eran frecuentes las denuncias de asedio y otros tipos de hostilidades, la merma del clero comenzó en enero de 2021, cuando el régimen Ortega Murillo impidió el regreso al país de Fray Miguel Parra, terciario capuchino de origen venezolano que era uno de los vicarios de la catedral San Pedro Apóstol en Matagalpa, así como del sacerdote de origen salvadoreño, Fray José Lemus Aguilar, de la Orden de Frailes Menores, quien estaba incardinado en la parroquia Inmaculado Corazón de María.
Sin embargo, la embestida más fuerte contra la Diócesis comenzó en agosto de 2022. El primer día de ese mes, el régimen ordenó el cierre de las emisoras de la Diócesis y forzó el encierro durante más de 72 horas del sacerdote Uriel Antonio Vallejos, en la casa cural de la Parroquia Jesús de la Divina Misericordia en Sébaco.
En la madrugada del 4 de agosto de 2022, el padre Vallejos fue llevado a un confinamiento en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua, pero, de manera simultánea, la Policía ejecutó un operativo forzando el encierro del obispo Álvarez en la Residencia Episcopal de Matagalpa junto a cuatro sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y cuatro laicos.
Ahí estuvo el obispo de Matagalpa durante 15 días, entre el 4 y el 19 de agosto, cuando la Policía ejecutó un descomunal operativo en el que el jerarca católico fue confinado en su casa en Managua, mientras que tres sacerdotes, el diácono, dos seminaristas y un camarógrafo fueron encarcelados en El Chipote.
Entre agosto y septiembre de 2022, cuatro sacerdotes de la diócesis de Matagalpa salieron por veredas al exilio. Solo el padre Vallejos y el sacerdote Erick Mauricio Díaz Fernández lo hicieron público. Otros tres sacerdotes se exiliaron en enero de 2023.
Mientras tanto, el obispo y los sacerdotes de Matagalpa que estaban encarcelados, pasaron 174 días en esas circunstancias, hasta que, el 9 de febrero de 2023, el régimen desterró y envió a Estados Unidos a 222 presos políticos, incluyendo a cinco sacerdotes, entre estos, los matagalpinos Sadiel Eugarrios, José Luis Díaz y Ramiro Tijerino. En el grupo también iba el padre Óscar Benavides, quien siendo de la Diócesis de Matagalpa formaba parte de ese clero en 2020, pero en 2022 estaba incardinado en la Diócesis de Siuna.
En ese grupo de desterrados también iba el entonces diácono Raúl Vega, quien luego fue ordenado sacerdote el 11 de mayo de 2024 en Roma.
El obispo de Matagalpa, según Ortega, se habría negado a subir al avión y ese mismo 9 de febrero de 2023 fue llevado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. Un día después, sin juicio, fue sentenciado a 26 años y 4 meses de prisión y 210 días multa, equivalentes a 56,461.15 córdobas.
Días después, en un acto por el aniversario de la muerte de Augusto Sandino, el 21 de febrero de 2023, Daniel Ortega acusó de «mafia» a la Iglesia Católica y cuestionó el método de elección del Papa.
Dos sacerdotes que estaban estudiando fuera de Nicaragua, tampoco pudieron regresar al país.
En octubre de 2023, el régimen desterró a otros 12 sacerdotes que envió a Roma, entre ellos el padre Jaime Montesinos, párroco de la Parroquia San Juan Pablo II en Chagüitillo, Sébaco.
Una ola de arrestos cerca de la Navidad y fin de año de 2023 hizo que, en enero de 2024, un sacerdote más de la Diócesis saliera del país exiliándose en Europa.
Mientras, el 13 de enero de 2024, cuando cumplía 338 días encarcelado en La Modelo, el obispo Álvarez, junto al obispo de Siuna, monseñor Isidoro Mora, 15 sacerdotes (tres de la Diócesis de Matagalpa: Óscar Escoto, Jáder Guido y Fernando Calero) y dos seminaristas, fueron desterrados y enviados a Roma. En 2020, antes de su nombramiento y consagración episcopal, monseñor Mora también era parte del clero matagalpino.
Otra arremetida contra la Iglesia en Matagalpa sucedió hace unos días, con la detención y posterior destierro, el 7 de agosto, de siete sacerdotes, seis de ellos pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa: Edgard Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velásquez, Víctor Godoy, Jairo Pravia y Harvin Tórrez.
El 2 de agosto, el sacerdote de la Fraternidad Misionera “Serviam” y de origen mexicano, Raúl Villegas, fue detenido en el municipio de Matiguás, pero se desconoce su paradero. La abogada Molina Montenegro, en la presentación de la quinta entrega de su informe, este 15 de agosto, consideró que el padre Villegas estaba en condición de “desaparición forzada”.
Otro sacerdote tuvo que exiliarse el 2 de agosto y con él suman nueve los sacerdotes de la Diócesis de Matagalpa en situación de exilio forzado.
A medida que el régimen avanza en su estrategia de desarticulación del clero en Matagalpa, al menos un sacerdote de la Diócesis abandonó el sacerdocio (en 2023). Asimismo, fue público el caso de un sacerdote extranjero al que le negaron la renovación de su residencia, forzándolo a dejar Nicaragua.
Las ausencias no se limitan al destierro y al exilio. La muerte ha cobrado la vida de cuatro clérigos: Freddy Zambrana, Dámaso Suazo, Bayardo Zeledón y Pablo Espinoza.
El más reciente capítulo de esta ola de opresión sucedió este 15 de agosto, cuando el párroco de la Parroquia San Juan Bautista en Muy Muy, Danny García, fue detenido por la Policía. Su paradero, igual que el del padre Denis Martínez, detenido el 11 de agosto, sigue siendo un misterio.
Estos arrestos son solo parte de una persecución más amplia que incluye interrogatorios a colaboradores laicos, vigilancia constante y las múltiples restricciones a las actividades eclesiales.
Excluyendo a los sacerdotes matagalpinos incardinados en otras diócesis, pero incluyendo a sacerdotes ordenados entre 2021 y 2024, Mosaico CSI verificó que, al 17 de agosto de este año, la Diócesis de Matagalpa cuenta apenas con 28 sacerdotes activos: 17 seculares o diocesanos y 11 regulares, es decir, que pertenecen a alguna orden religiosa. Además de ellos, hay dos más incardinados en otras diócesis.
Son pocos, para atender las 28 parroquias de la Diócesis que comprende a 630 comunidades rurales y a una población que sigue buscando esperanza en medio de la adversidad.
Como dice el sacerdote exiliado:
“Mientras haya fieles que mantengan viva la llama de la esperanza, la Diócesis de Matagalpa seguirá siendo un símbolo de resistencia frente a la tiranía”.
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