Al menos 870 agresiones contra la Iglesia Católica en Nicaragua, entre abril de 2018 y julio de 2024, ha documentado la abogada Martha Patricia Molina, de las cuales, casi la quinta parte han sido particularmente contra la Diócesis de Matagalpa.
En la quinta entrega de su informe Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?, Molina detalla que solo entre enero y julio de este año ha habido al menos 92 agresiones contra la Iglesia, una cifra que podría ser mayor debido a que no todos los casos han sido denunciados públicamente.
El informe tampoco incluye las recientes agresiones durante este mes de agosto y que incluyen el destierro de siete sacerdotes enviados a Roma, seis de ellos de la Diócesis de Matagalpa.
Mientras, el caso del sacerdote de la Fraternidad Misionera “Serviam”, Raúl Villegas, de origen mexicano y párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el municipio de Matiguás, Matagalpa, quien fue detenido el reciente 2 de agosto, es considerado por Molina como un caso de “desaparición forzada”, por cuanto desconoce su paradero.
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En su informe, Molina apunta que, entre abril de 2018 y julio de 2024, la Arquidiócesis de Managua ha sido el blanco de 294 hostilidades, seguido por la Diócesis de Matagalpa con 162 casos. Además, ha documentado 162 agresiones que afectan de manera general a todas las diócesis del país, como sucede con los mensajes de odio de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Molina detalla que las agresiones incluyen ataques, asedios, cierre de organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación católicos, proyectos, obras sociales, confiscaciones de cuentas bancarias y de bienes inmuebles, entre otras.
Asimismo, afirma que 245 personas, incluyendo a 154 clérigos — 1 Nuncio, 3 obispos, 136 sacerdotes, 3 diáconos y 1 seminarista— además de 91 monjas, “ya no desarrollan su labor pastoral en Nicaragua”, por exilio, destierro, expulsión o impedimento de ingresar al país.
50 de estos casos han sucedido entre enero y julio de este año.
Molina ha documentado también por lo menos 9688 prohibiciones de la Policía a procesiones y actividades religiosas.
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