La represión contra la Iglesia Católica en Nicaragua, particularmente en Matagalpa, continúa intensificándose, con un aumento en los interrogatorios y amenazas a feligreses, así como restricciones a las actividades religiosas en la Diócesis de Matagalpa.
Poco antes del mediodía de este lunes 12 de agosto, tres policías vestidos de civil llegaron a la oficina en la parte de atrás de la catedral San Pedro Apóstol, donde interrogaron y amedrentaron a dos colaboradoras, mientras otros policías uniformados permanecían cerca del templo, en la calle del Polideportivo El Brigadista.
Pasadas las dos de la tarde, la Policía se fue y, poco después, en una página del católico canal Tv Merced —clausurado en 2022 por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor)— hubo una publicación que negaba cualquier actividad policial “extraordinaria” en la catedral de Matagalpa.
«Hacemos de conocimiento a todos nuestros fieles que en nuestra catedral San Pedro Apóstol todo está funcionando normal. Que en nuestra catedral no ha habido ninguna presencia extraordinaria de la Policía. Por lo tanto, todo sigue funcionando», indicaba el mensaje atribuido a la administración del templo.
Sin embargo, la “visita” de los policías a la catedral se suma a una serie de acciones dirigidas contra personas vinculadas a la Iglesia, en las que se incluyen interrogatorios con preguntas sobre detalles financieros y salarios de los colaboradores de distintos proyectos gestionados por la Diócesis, como Proafur, el Programa de Apoyo Financiero Urbano y Rural de Cáritas Diocesana de Matagalpa, la Asociación cuya personalidad jurídica fue cancelada por el Ministerio del Interior, según publicó el Diario Oficial La Gaceta de este 12 de agosto.
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La represión se extiende más allá de la ciudad, alcanzando a las comunidades rurales.
La abogada Martha Patricia Molina, autora de los informes “Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?”, denunció este lunes que ha sido informada de que “en algunas comunidades rurales del norte del país a los delegados se les está prohibiendo celebrar la Palabra de Dios los domingos e incluso jueves y tienen totalmente prohibido visitar a enfermos y llevarles la comunión”.
Molina advirtió que aquellos que desobedecen estas órdenes corren el riesgo de ser acusados y encarcelados.
Además de estas prohibiciones, la situación de la Iglesia en Matagalpa es especialmente preocupante.
El sacerdote Denis Martínez García, así como la abogada Carmen María Sáenz Martínez, quien es máster en Derecho Canónico y apoya a la Iglesia en los procesos de nulidad matrimonial, además de Lesbia Gutiérrez, coordinadora de Proafur, fueron detenidos el fin de semana reciente y hasta el momento se desconoce su paradero.
Asimismo, los encuentros de algunos movimientos eclesiales y laicales también han sido suspendidos, mientras el miedo y la incertidumbre se apoderan de los fieles que temen ser blanco de la creciente represión del régimen.
Estas restricciones y la presencia constante de la Policía en las cercanías de las parroquias afecta no solo a los sacerdotes y religiosos, sino también a la comunidad laica, que está siendo severamente limitada en su capacidad de practicar y compartir su fe.
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