El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio del Interior, ordenó la cancelación de las personalidades jurídicas a 15 organizaciones de sociedad civil, seis de estas por presunto “incumplimiento” y 9 por “disolución voluntaria”.
De acuerdo con el Diario Oficial La Gaceta número 147 de este lunes 12 de agosto, una de las organizaciones canceladas es la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa, cuya personalidad jurídica había sido otorgada en 2009.
Con la cancelación de Cáritas Diocesana de Matagalpa, también quedan cancelados los programas que impulsaba esta Asociación, incluyendo el Programa de Apoyo Financiero Urbano y Rural (Proafur), cuya coordinadora, Lesbia Gutiérrez, fue detenida el sábado 10 de agosto reciente en Matagalpa.
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Cáritas Diocesana de Matagalpa también ejecutaba otros programas como el Apoyo Financiero Urbano y Rural (DAD – AID); Apoyo Financiero Urbano y Rural (DAD -CRS), así como el Proyecto Agricultura Suelo y Agua (ASA) y Fortalecimiento de Medios de Vida y capacidades en el corredor seco de Nicaragua (FOMIVCAC).
El régimen Ortega Murillo aduce que la situación legal de la Asociación estaba “en incumplimiento”, y argumenta que “no reportaron estados financieros (en los) periodos 2020-2023 (y que la) Junta Directiva (está) vencida” desde el 27 de septiembre de 2022.
Pero, el 2 de febrero de 2022, la Asamblea Nacional aprobó la cancelación de la personería jurídica de 16 organizaciones, incluyendo Cáritas Diocesana de Estelí; luego, en La Gaceta del 7 de marzo de 2023, el entonces Ministerio de Gobernación canceló a Cáritas de Nicaragua y la Asociación Cáritas Diocesana de Jinotega, ambas por “disolución voluntaria”.
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