Mientras vive un Año Santo Jubilar con la gracia de la indulgencia plenaria, concedido por su primer centenario, la Diócesis de Matagalpa, que comprende 28 parroquias en 13 municipios, pasa días de incertidumbre y tensión debido a la persecución estatal. Donde antes resonaban las campanas llamando a misa, hoy el ambiente es más silencioso y reservado.
Las parroquias y sus filiales mantienen los horarios habituales para las misas, pero, ante la falta de sacerdotes, las Celebraciones de la Palabra han sustituido la Eucaristía, como sucedió este domingo 11 de agosto en una buena parte de los templos católicos de la Diócesis.
“La misa tiene que presidirla un sacerdote porque conlleva realizar la consagración del pan y el vino, y en las Celebraciones de la Palabra —que puede presidirla un diácono o un laico— no hay consagración y se centra en la proclamación de las lecturas. Pero, si hay hostias consagradas, entonces en las Celebraciones de la Palabra puede haber comunión”, explica un sacerdote en el exilio.
Sin embargo, la presión sobre la Iglesia en Matagalpa ha aumentado. Desde hace más de una semana, la Policía ha intensificado su búsqueda de información financiera relacionada con las actividades eclesiásticas de apoyo social. También han llegado a preguntar sobre salarios y que si saben sobre la existencia de algún grupo que pudiera organizar protestas.
Este proceso ha incluido una redada y el posterior destierro de siete sacerdotes, seis de ellos pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa, sin contar al sacerdote de origen mexicano Raúl Villegas, quien aparentemente no fue enviado a Roma; así como la citación e interrogatorio de feligreses en varios municipios y de colaboradores de diversos proyectos como el Programa de Apoyo Financiero Urbano y Rural (Proafur). Este programa, gestionado por la Asociación Cáritas Diocesanas de Matagalpa antes de su clausura, ofrecía créditos a pequeños productores sin acceso a la banca privada.
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A través del Ministerio del Interior, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de Cáritas Diocesanas de Matagalpa alegando un supuesto incumplimiento en los reportes de estados financieros en los periodos 2020-2023; y que la Junta Directiva está vencida desde el 27 de septiembre de 2022, publicó el Diario Oficial La Gaceta en su edición de este lunes 12 de agosto.
Dos días antes, el sábado 10 de agosto, la Policía llegó a una propiedad rural donde estaba Lesbia Gutiérrez, quien era coordinadora de Proafur en Matagalpa, a quien se llevaron con rumbo hasta ahora desconocido. Ese mismo día fue detenida también la abogada Carmen María Sáenz Martínez, máster en Derecho Canónico, quien apoyaba a la Diócesis de Matagalpa en causas de nulidad matrimonial. Desde su arresto, las familias de ambas mujeres no han recibido información sobre su paradero.
Mientras que el sacerdote Leonel Balmaceda, párroco de la Parroquia Jesús de la Caridad, en el municipio de La Trinidad, jurisdicción eclesiástica de la Diócesis de Estelí, también fue detenido ese 10 de agosto.
El domingo 11 de agosto, la Policía detuvo al sacerdote Denis Martínez García, formador en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua, quien los fines de semana regresaba a Matagalpa para apoyar en las celebraciones de misas.
La Diócesis, que en 2020 contaba con al menos 60 sacerdotes, ha visto una reducción significativa en su clero, más de la mitad, debido a la presión y persecución estatal y paraestatal.
Huyendo de la persecución, al menos 9 sacerdotes de la Diócesis tuvieron que exiliarse —el más reciente el 2 de agosto— y a cuatro les fue negado el derecho de reingresar a Nicaragua después de haber ido al extranjero. A un sacerdote le fue negada la renovación de la residencia, por lo que fue forzado a salir de Nicaragua. Otros cuatro clérigos fallecieron y dos abandonaron el sacerdocio.
De manera que, al 11 de agosto de 2024, de acuerdo con una verificación de Mosaico CSI, la Diócesis de Matagalpa solo dispone de 28 sacerdotes: 17 seculares o diocesanos, así como 11 sacerdotes regulares, es decir, pertenecen a alguna orden religiosa; una cifra insuficiente para cubrir las necesidades de la feligresía.
El ambiente en los templos refleja esta situación. Algunos feligreses siguen acudiendo a las iglesias, mientras que otros optan por mantenerse alejados, preocupados por posibles repercusiones; porque el régimen ha impuesto una sombra sobre la Diócesis de Matagalpa, donde cada acto de fe se realiza bajo la vigilancia atenta de un Estado que ha convertido la cruz en un símbolo de persecución.
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