GHREN: Violaciones sistemáticas a la libertad religiosa en Nicaragua

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos denuncia asaltos a templos, detenciones arbitrarias y cancelaciones de organizaciones religiosas desde 2018, motivados por fines políticos

Mosaico CSI
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Angela María Buitrago y Jan Michael Simon, miembros del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). © MOSAICO CSI

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) concluyó que el régimen de Daniel Ortega ha cometido “violaciones sistemáticas y generalizadas del derecho a la libertad de religión” en el país desde 2018 cuando iniciaron las manifestaciones cívicas, y se han extendido hasta el presente año.

En su informe de actualización “Violaciones y abusos de los derechos humanos contra miembros de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas en Nicaragua”, publicado este lunes 22 de julio de 2024, el Grupo de Expertos hace un recorrido sobre los diferentes hitos que remarcan hechos de violación a la libertad religiosa en el país.

El GHREN señala que “los asaltos repetidos contra templos, imágenes, símbolos, procesiones y otras formas de celebraciones religiosas constituyen restricciones arbitrarias a la libertad religiosa de fieles y religiosos católicos y de otras confesiones cristianas, quienes no pudieron manifestar libremente su fe y vieron afectados lugares y objetos esenciales para el ejercicio de sus cultos”.

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De igual manera, concluye que las violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho a la libertad de religión no tuvieron una motivación de discriminación por razón de religión, sino que tuvieron un propósito político. Principalmente por el papel de mediación que tuvieron miembros de la Iglesia Católica durante las manifestaciones en 2018, con especial énfasis, durante la celebración del Diálogo Nacional.

“En este sentido, las violaciones del derecho a la libertad religiosa, dirigidas mayoritariamente contra miembros de la Iglesia Católica, fueron consecuencia del papel, real o percibido, de varios de sus miembros como críticos u opositores al gobierno”, asegura el GHREN.

Iglesias de otras denominaciones también son mencionadas en informe

Además de las violaciones a la libertad religiosa perpetrada contra laicos y miembros de la Iglesia Católica de Nicaragua, el informe del GHREN menciona las diferentes acciones tomadas por el régimen en contra de las iglesias cristianas no católicas.

El informe agrega que “en relación con las violaciones del derecho a la libertad de religión de los miembros de las iglesias de otras confesiones cristianas, la motivación del gobierno estuvo fundada en la capacidad autónoma de estas iglesias para generar movilización social debido a que esta capacidad era percibida por el gobierno como una amenaza al control total que buscaba tener sobre todos los sectores de la sociedad nicaragüense”.

Según el recuento del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más, entre 2018 y 2023, el régimen canceló la personalidad jurídica de unas 342 organizaciones y fundaciones de carácter religioso.

El informe del GHREN señala que “la gran mayoría de estas organizaciones de carácter religioso, 75%, estaban asociadas a distintas iglesias o congregaciones evangélicas (256), de la Iglesia católica (43) e iglesias o congregaciones de otras confesiones religiosas (43).

Agrega que, para este segundo informe, ha registrado 63 nuevas cancelaciones de la personería jurídica de organizaciones sin fines de lucro que se llevaron a cabo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2024. De ellas, 23 eran organizaciones religiosas, tanto evangélicas como católicas.

Detenciones de religiosos y feligreses desde 2018

A partir de las investigaciones realizadas por el Grupo de Expertos entre abril de 2018 y mayo de 2024, pudieron documentar 73 casos de detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas, de los cuales 69 fueron hombres y 4 mujeres.

De acuerdo con el GHREN estas detenciones cumplían entre otras funciones limitar las actividades sociales, humanitarias y educativas llevadas a cabo tanto por la Iglesia católica como por iglesias de otras confesiones cristianas, así como iniciar procesos de investigación sobre la presunta actividad ilícita en el manejo de fondos y cuentas bancarias en diferentes diócesis, iglesias y templos del país.

De igual manera, y particularmente durante el año 2023, las detenciones de laicos y religiosos buscaban amedrentarlos “y recordarles la prohibición de mencionar a Monseñor Rolando Álvarez en sus homilías”.

Bajo este contexto fue detenido el 6 de abril de 2023, el periodista Víctor Ticay, corresponsal del Canal 10. Ticay, quien dio cobertura a una actividad religiosa fue declarado culpable y condenado a ocho años de prisión el 17 de agosto de ese mismo año, supuestamente por cometer los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

El informe del Grupo de Expertos concluye que tiene motivos razonables para creer que el Estado de Nicaragua continúa cometiendo violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, basadas en un patrón de discriminación por motivos políticos, contra miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, opositores al Gobierno o percibidos como tales.

Añade que el Estado no ha investigado las violaciones y los abusos aquí documentados ni procesado a sus autores.

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