Jóvenes integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) califican de “burla dolorosa y descarada”, la firma de un decreto que declara a la juventud nicaragüense como “patrimonio” de la nación.
Este domingo 14 de julio, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó el Decreto Presidencial No. 08-2024, que declara a la juventud como “patrimonio nacional de Nicaragua”.
Al respecto, AUN emitió un comunicado en el que declara dicho decreto como “inconcebible”, pues aseguran que “las acciones de su régimen no han mostrado más que desprecio por la vida y el futuro de los jóvenes”.
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“Ortega nos mata, encarcela, nos deja sin universidades, sin títulos, nos persigue y nos destierra y ahora nos llama su patrimonio nacional. ¡Los jóvenes no somos propiedad de nadie! El futuro ciertamente es nuestro y vamos a recuperar Nicaragua”, señaló la agrupación universitaria a través de un comunicado.
Decreto es una “burla” para jóvenes asesinados
Al respecto, el excarcelado político y miembro de AUN, Lesther Alemán, calificó el Decreto Ejecutivo firmado por Ortega como “vacío” y “una burla para los cientos de jóvenes que fueron asesinados, perseguidos, encarcelados, reprimidos y otros exiliados”.
“Esa misma juventud, a la que hoy declara patrimonio nacional, fue la misma a la que asesinaron siendo estos inocentes”, declaró Alemán.
El miembro de AUN hace referencia a las más de 355 personas asesinadas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante las manifestaciones que iniciaron en abril de 2018. La mayoría de los asesinados fueron menores de 35 años.
De igual manera, la primera oleada migratoria de 2018 hacia Estados Unidos y Costa Rica estaba conformada principalmente por universitarios, estudiantes de colegios técnicos y profesionales.
El mismo Lesther Alemán forma parte del grupo de excarcelados políticos que fueron expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, luego de estar encarcelado en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como “El Chipote”, denunciado por distintas organizaciones de defensores de derechos humanos como un centro de tortura del régimen Ortega Murillo.
Entre este grupo de desterrados se encuentran otros jóvenes como los activistas Samantha Jirón, Álex Hernández, Max Jerez, José Quintanilla y Yoel Ibzan Sandino, entre otras personas menores de 35 años.
Estas 222 personas, que incluye a jóvenes y otro grupo de 94 opositores fueron desnacionalizados y confiscados de sus bienes inmuebles.
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