Exiliados nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de las personas solicitantes de refugio y/o refugiadas de Nicaragua que han solicitado protección internacional en Costa Rica.
La exposición de eventos se llevará a cabo este 8 de julio a las 9 de la mañana, hora Washington D.C., estados Unidos, en el marco de la sesión 190 de la CIDH,
La audiencia fue solicitada por la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) con organizaciones aliadas, y pretende visibilizar “la situación de violación de derechos humanos de las que somos víctimas los perseguidos políticos y refugiados en Costa Rica”, dijo a Mosaico CSI Jeffer Bravo, miembro de UEN.
Bravo también señaló que “en esta audiencia vamos a exponer patrones de violaciones de derechos humanos por parte de agentes de las fuerzas represivas de la dictadura (de Nicaragua), en la que se podrá evidenciar la forma en que los cuerpos de inteligencia hostigan, persiguen, amenazan y atentan contra la vida de decenas de líderes políticos que hemos huido por la crisis”.
De igual manera, los opositores pretenden “exponer la situación en que se encuentra el sistema jurídico de Costa Rica”, con el fin de demostrar “la ausencia de mecanismos de protección internacional para la población desplazada”.
“La idea de esta audiencia es que la Comisión Interamericana pueda exhortar al Estado costarricense a que adopte buenas prácticas para que se garanticen los derechos de los refugiados y que se haga respetar la convención de Cartagena”, expresó Bravo.
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“Al mismo tiempo se busca que el estado de Costa Rica pueda amoldar su normativa y sus procedimientos a los principios del derecho internacional”, finalizó.
El pasado 30 de noviembre de 2022 el gobierno del presidente Rodrigo Chaves firmó dos decretos ejecutivos, el primero modificó el Reglamento de Refugio sobre el otorgamiento de permisos laborales y el segundo concierne a la Categoría Especial Temporal para Personas Nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El primer decreto fue una reforma al Reglamento de Refugio, que determinaba que no se otorgaría permisos laborales a las personas solicitantes de forma inmediata, también, que toda nueva solicitud de protección internacional debía ser presentada dentro de un mes natural a partir del día de su ingreso al país y prohibía a los solicitantes de refugio salir de Costa Rica.
Organizaciones de la sociedad civil declararon los decretos como “restrictivos” y “violatorios” de los derechos de las personas refugiadas. En 2023, la Sala Constitucional declaró una violación a los derechos fundamentales la prohibición de salida para los solicitantes de refugio, anulando la normativa.
Ese mismo año, el gobierno de Chaves suprimió la norma que requería solicitar refugio durante un mes natural a partir del ingreso a Costa Rica, debido a las denuncias de organismos de derechos humanos costarricenses y solicitudes de la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Y el 14 de junio de 2024, el gobierno costarricense dio vuelta atrás y reformó nuevamente el Reglamento de Refugio a través de Decreto Ejecutivo N°44501-MGP, devolviendo a los solicitantes de refugio el derecho a acceder a un permiso laboral.
Pero el 16 de febrero de 2024, Costa Rica extraditó a Nicaragua al opositor y exmiembro de la contra revolución, Douglas Pérez Centeno, manteniendo encarcelado a Reinaldo Picado Miranda, alias «comandante Omar”, también opositor al régimen. Ambos fueron acusados por supuestamente haber asesinado a un agente de la Policía Nacional y a un civil en Nicaragua.
Esto elevó la alarma entre los opositores nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica, pues temen que con una simple orden de captura girada por el régimen y remitida a la Policía Internacional (INTERPOL), puedan ser devueltos hacia Nicaragua.
En las intervenciones estarán participando Jeffer Bravo, el exsubdirector de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, Daguer Hernández, la activista por los pueblos de la Costa Caribe, Keyla Show, la cantante Marvia Padilla/Raya Hope y el abogado, Kelvi Zambrano.
Alrededor de 150,000 nicaragüenses han solicitado protección internacional en Costa Rica, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), o que representa el 3% de la población de ese país.
Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense, hasta 2023, menos del 4% de las solicitudes de refugio de nicaragüenses habían sido aprobadas.
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