La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) demandaron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación “inmediata” de todos los presos políticos en Nicaragua.
A través de un comunicado, estos organismos internacionales expresaron “su preocupación por la grave situación de las personas privadas arbitrariamente de la libertad en Nicaragua” e instaron al régimen a “garantizar su vida e integridad”.
Según el recuento realizado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, hasta el mes de abril de 2024, en el país existen 138 personas encarceladas por razones políticas, entre estas, siete originarias de Matagalpa y otras siete de Jinotega.
Presos políticos en “deplorables condiciones”
Desde el año 2018, la CIDH ha recomendado al Estado de Nicaragua que trabaje en la pronta liberación de personas presas políticas, que promueva el derecho a la libre manifestación y en el cese de tratos crueles e inhumanos en los centros de detención.
Sin embargo, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH recibió información sobre las deplorables condiciones de detención en Nicaragua, incluyendo, la insalubridad en las celdas; la falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; la falta de atención médica oportuna y especializada, así como a medicamentos.
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Además, el MESENI ha podido constatar que persisten denuncias de tratos crueles e inhumanos por autoridades penitenciarias y agresiones de personas presas comunes contra las que son identificadas como «presas políticas».
De igual manera, el organismo tiene conocimiento que en el Centro Penitenciario de Mujeres «La Esperanza», las condiciones serían aún más severas debido a denuncias sobre aislamiento prolongado, intimidación, agresión, amenazas y constantes interrogatorios por parte de autoridades penitenciarias, así como la falta acceso a insumos de salud, higiene y aseo diferenciadas.
Según se indicó, este contexto y el prolongamiento de la detención está causando el deterioro severo de la salud física y mental de las personas detenidas, especialmente de las personas adultas mayores, así como de aquellas con enfermedades crónicas o preexistentes a la prisión, colocando en grave riesgo su vida e integridad física, detalla el comunicado de prensa.
Tres presos políticos bajo “desaparición forzada”
Por otro lado, la CIDH y la RELE expresaron su preocupación por el desconocimiento del paradero del profesor Freddy Quezada, el poeta Carlos Bojorge y el ex diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, a quienes el régimen ha negado cualquier tipo de información a sus familiares, lo que, para los organismos internacionales, “podrían constituir desapariciones forzadas a la luz del derecho internacional”.
Persisten afectaciones al acceso a la justicia, las garantías del debido proceso y al derecho a la defensa, en un contexto de completa ausencia de un sistema de justicia imparcial e independiente y el quebrantamiento del principio de separación de poderes, continúa el comunicado.
La CIDH y la RELE urgen al Estado a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente desde el inicio de la crisis en 2018.
Asimismo, instan a cesar la persecución judicial y represión contra los diferentes actores de la sociedad civil, tanto en el entorno físico como digital, incluyendo periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas, artistas, académicos, personas opositoras políticas e integrantes de comunidades religiosas, finaliza.
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