El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua mantiene una serie de ciberataques contra medios de comunicación independientes desde 2018 con el objetivo de mermar el trabajo periodístico, asegura el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
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Los ciberataques son ataques realizados a través de las redes sociales y dirigidos contra un individuo, un grupo de personas o incluso entidades jurídicas como empresas y medios de comunicación.
Los ataques ordenados por el régimen Ortega Murillo en Nicaragua son ejecutados por trabajadores del estado y fanáticos sandinistas. Estos han sido principalmente: el bloqueo de sitios web, el hackeo de cuentas personales de periodistas y/o directores de medios, la suplantación de identidades en redes sociales y el acoso constante en redes sociales para crear zozobra.
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“Los ciberataques tienen como objetivo silenciar a la prensa independiente, limitando la libertad de expresión y la capacidad de los periodistas para informar de manera objetiva y crítica sobre las acciones del régimen Ortega Murillo”, explica el Colectivo de Derechos Humanos en un informe reciente.
Desde el año 2018, el Colectivo ha documentado “una decena de denuncias” por ciberataques de parte de trabajadores de prensa y directores de medios de comunicación.
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Estos ciberataques dirigidos contra medios y periodistas se ejecutan para aplastar la libertad de prensa y de información, fomentar la desinformación y la manipulación de la información pública, para amenazar a los trabajadores de prensa, crear un impacto económico negativo en los medios de comunicación y en la participación democrática y aumentar la autocensura.
A su vez, estos ataques estarían violando derechos universales fundamentales establecidos en los principios rectores de la libertad de expresión en el internet, tales como: el acceso universal, el respeto al pluralismo y la diversidad, así como a la igualdad y la no discriminación, el respeto a la privacidad, libertad y apertura y a la gobernanza multisectorial.
“Los Estados implementan estrategias dirigidas a controlar el flujo de información. A veces el objetivo de los Estados es evitar que la gente se informe, pueda informar o cuestionar la gestión gubernamental, los cuales son derechos humanos”, resalta el Colectivo.
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