A través de La Gaceta 216 de este martes 28 de noviembre, el régimen Ortega Murillo oficializó la primera aprobación en Primera Legislatura de la Ley de reforma parcial al artículo 138 de la Constitución Política, en el que quita la atribución de la Asamblea Nacional para nombrar al procurador y al subprocurador de derechos humanos.
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En la misma edición de La Gaceta fue publicada la Ley 1174, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDDH) como un ente autónomo, adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR), derogando la Ley 212 publicada en La Gaceta número 7 del 10 de enero de 1996.
La nueva Ley 1174 dicta que la PPDDH estará a cargo de un procurador y subprocurador, nombrados por el procurador general de la República, «los que en su actividad están supeditados a la Constitución y a las leyes».
El artículo 3 de la Ley señala que su «finalidad es la promoción, defensa y tutela de las garantías constitucionales de los ciudadanos y sus derechos humanos»; pero, el régimen Ortega Murillo ha sido uno de los más denunciados nacional e internacionalmente por violaciones a los derechos humanos.
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La Ley ordena, además, que todos los bienes muebles e inmuebles, vehículos, equipos y sistemas informáticos y de oficina, mobiliarios, y cualquier otro bien, que estén inscritos a nombre de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o cualquiera otra de sus dependencias, pasen a favor del Estado de la República de Nicaragua, a través de la Procuraduría General de la República.
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