Como un “zarpazo” que afecta a las familias nicaragüenses calificaron opositores la «Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado» aprobada este jueves 23 de noviembre por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de sus diputados en la Asamblea Nacional.
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La nueva Ley establece que los empleados del sector público solo tendrán derecho a una indemnización por antigüedad a partir de los tres años continuos de servicio en las instituciones estatales y no desde el primer año, como lo estipula el Código del Trabajo.
La Asamblea justifica que la nueva Ley «es para que permanezca el respeto al derecho de los trabajadores ante la renuncia», que incluye a todos los trabajadores del sector público, a los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, así como a los Entes Autónomos, Gubernamentales y los municipios y órganos de la Costa Caribe.
Tras esta nueva acción de la dictadura Ortega Murillo, el abogado e integrante de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), Juan Diego Barberena, señaló a través de un video en X, antes Twitter, que en un solo día se «ha asestado dos zarpazos», eliminando la partida presupuestaria constitucional del 4% al Poder Judicial, «afectando principalmente a los usuarios de justicia, así como a los ciudadanos nicaragüenses que utilizan los tribunales de justicia para resolver sus conflictos (…)».
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«El otro zarpazo de la dictadura Ortega y Murillo es a los servidores públicos, eliminando la base de cálculo para la indemnización por antigüedad en caso de renuncia, robándole a los trabajares públicos sus derechos adquiridos (…) y ahora establece el derecho por antigüedad, en caso de renuncia, a partir del tercer año; un mes de salario entre el tercero y décimo año trabajado», agregó Barberena.
«Medida criminal, ilegal y maléfica»
Por su parte, el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, calificó esta nueva medida de «criminal, ilegal y maléfica».
Recordó, además, que los derechos laborales son irrenunciables y no son negociables, afirmando que el régimen de Ortega está «queriendo legalizar lo que es ilegal, dándole así el peor regalo de navidad y año nuevo a las familias nicaragüenses».
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Asimismo, dijo que el objetivo de la administración orteguista es fortalecer el clientelismo político, «las lealtades forzadas y las fidelidades prebendarías (…) siendo señales de debilidad de parte del régimen de Nicaragua».
Por su parte, el opositor y desterrado político Félix Madariaga indicó que a la dictadura de Ortega «no le bastó con despedir arbitrariamente a miles de trabajadores del Estado, con humillarlos, con obligarlos a participar en actos partidarios contra su voluntad. Ahora decide privarles de los derechos laborales que les otorga el Código Laboral».
Desde el 2018 hasta la fecha, la dictadura orteguista ha arremetido, inclusive, contra sus trabajadores públicos, a quienes despide, acosa, persigue, y hasta vigila sus redes sociales, lo que ha ocasionado, según fuentes, que muchos decidan renunciar o salir del país.
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