Casi la mitad de OSC han sido canceladas en Nicaragua

En el informe: «Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua», la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expone una sistemática estrategia estatal represiva que ha resultado en la cancelación de la personería jurídica y la disolución forzada de miles de organizaciones de la sociedad civil

Mosaico CSI
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La Fundación María Cavalleri en Matagalpa ha sido una de las organizaciones canceladas por el régimen Ortega Murillo en Nicaragua. © Mosaico CSI | Cortesía

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado 3,390 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, entre el 18 de abril y el 31 de agosto de 2023, según el informe: «Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua», presentado esta semana en Washington D.C., Estados Unidos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Esas cancelaciones representan el 46 por ciento de las 7227 organizaciones que en 2018 estaban registradas en Nicaragua.

Tanto la CIDH como su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) advirtieron que en Nicaragua no existen garantías para ejercer el derecho a la libertad de expresión, ni las condiciones que hacen posible la efectiva participación cívica en asuntos de interés público.

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«Desde 2018, las autoridades se han valido de distintos mecanismos de censura que hacen parte de una estrategia para perseguir y limitar todo aquel discurso que cuestiona o critica al Gobierno», recalcó.

Otra de las situaciones que señala el informe de la CIDH, es que el cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua ha incluido restricciones a la libertad de religión por la prohibición de celebraciones religiosas, así como la criminalización de servicios religiosos.

También, señala que la embestida de la dictadura orteguista ha incluido el cierre de medios de comunicación religiosos, la confiscación de bienes y cuentas bancarias, la expulsión de órdenes religiosas y otros hechos de represión y represalia «contra integrantes de la Iglesia católica debido a su rol de mediación en el diálogo Nacional en 2018, y su papel crítico al denunciar las violaciones a los derechos humanos».

CIDH Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua
Organizaciones afectadas por la cancelación de personalidad jurídica según su área de trabajo o actividad. Fuente: Informe «Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua» de la CIDH

Según la CIDH, las acciones represivas del régimen Ortega Murillo afecta a las principales entidades en el país, tanto nacionales y extranjeras, dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en Nicaragua, así como labores humanitarias; cooperación internacional; la protección de grupos en situación de discriminación y exclusión histórica; la protección del medio ambiente, así como asociaciones estudiantiles, artísticas, servicios culturales; asociaciones de médicos, organizaciones y fundaciones de índole religiosa.

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También indicó que, de las más de tres mil organizaciones canceladas, el 32% estaban vinculados a temas de desarrollo; 16% cumplían con fines gremiales; 11% eran organizaciones de naturaleza religiosa; y el 10% se dedicaba la defensa y promoción de los derechos humanos, entre ellas, derechos de los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y de pueblos indígenas.

La CIDH sostuvo que el cierre masivo de organizaciones ha tenido in grave impacto para las personas y grupos en situación histórica de discriminación que se beneficiaba directamente de la ejecución e implementación de programas y proyectos sociales, humanitarios y de la cooperación internacional para el desarrollo. Entre ellos: mujeres, niñas, niños y adolescentes, y comunidades indígenas o afrodescendientes.

Por su parte, Amaru Ruíz, presidente de Fundación del Río, el cierre masivo de las organizaciones ha limitado severamente la capacidad de los diferentes actores de nuestra sociedad civil para participar en la vida política, social, cultural y religiosa, así como las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos y retorno a la democracia.

Mencionó que, en la embestida del régimen de Ortega, organizaciones como Movimiento María Elena Cuadra, CODENI, CEJUDHCAM, Popol Na, La Corriente, Fundación del Río, entre otras, fueron objeto ocupación policial, congelamiento de sus cuentas y otros activos, además de la criminalización y persecución hacia sus integrantes.

El informe de la CIDH concluyó llamando al Estado de Nicaragua a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis de derechos humanos mediante el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y las libertades fundamentales.

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