Nicaragua, después de 73 años como estado miembro, saldrá de la Organización de Estados Americanos (OEA) y dejará de contar con un representante permanente en esa instancia a partir de este 19 de noviembre; sin embargo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está obligado a cumplir con los acuerdos y convenciones interamericanas suscritos.
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El exembajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields, dijo a Mosaico CSI que existe una voluntad política de más de 30 estados miembros de no olvidarse de Nicaragua.
«Esta parte es extraordinaria en cuanto a que los países que integran a la OEA son predominantes de izquierda o de centro izquierda, y cuando se abordan temas como Venezuela o Cuba son totalmente reacios a que se lleven al Consejo Permanente, sin embargo, con Nicaragua existe una voluntad firme de seguir abordando el tema», dijo el exdiplomático.
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McFields aseveró que «siendo realistas y pragmáticos» el «escape cobarde» de Ortega en la OEA tiene un impacto y un golpe para el tema de la democracia y los derechos humanos, «porque ya estamos hablando de tres países que relativamente se retiran del organismo, como son Cuba, Venezuela y ahora Nicaragua, lo que indica que la democracia y los derechos humanos está cuesta abajo en la región y dificulta la lucha y en la defensa de los derechos humanos».
Recalcó, además, que, a pesar de la salida de Nicaragua, «la OEA no se la va a poner fácil a Ortega, aunque sus responsabilidades serán mucho menores que al estar dentro de la Organización».
Por su parte, el abogado y miembro del consejo político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena, expresó que el hecho de que se termine de consumar la salida del Nicaragua del organismo de Estados Americanos, «eso no desobliga ni exime al Estado nicaragüense de sus obligaciones de tipo internacional y que ha dejado de cumplir desde el 2018».
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Además, sostuvo que «el régimen Ortega Murillo se encuentra en una suerte de mora jurídica u obligacional, desde la perspectiva del derecho internacional en la OEA».
También hiso hincapié en que, a como se retomó en la resolución de la OEA, Nicaragua continúa obligada a respetar la convención americana de los derechos humanos «y continúan vigentes sus compromisos internacionales en esa materia».
En cuanto a las consecuencias luego de salida de Nicaragua de la OEA, Barberena afirmó que habrá un mayor aislamiento del régimen, lo que tendrá una repercusión importante en el marco de las relaciones crediticias que tenga Nicaragua en el Banco Interamericano de Desarrollo.
El 19 de noviembre de 2021, el régimen de Nicaragua denunció la Carta de la OEA y tomó la decisión de salirse del organismo, luego que desde el 2018 los países miembros le demandarán respeto a los derechos humanos, libertad religiosa y la salida sin condiciones de todos los presos politos, lo que llevó a la administración orteguista a calificar al organismo de «injerencista» y bajo los intereses del gobierno de Estados Unidos.
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