En una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada el 8 de noviembre en Washington, D.C., Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, denunció el extractivismo minero en Nicaragua y la creciente violación de derechos humanos asociada a esta actividad que también amenaza el equilibrio ambiental del país.
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Ruíz aseguró que más del 23% de la superficie territorial de Nicaragua está concesionada para la minería metálica. Ningún gobierno otorgó tantas concesiones como el régimen Ortega Murillo que, desde 2007, ha otorgado al menos 114 concesiones.
La proliferación de la minería industrial ha alimentado el crecimiento de la minería ilegal, que representa aproximadamente el 30% de la exportación de oro del país, dijo Ruiz.
Agregó, citando datos del Ministerio de Energía y Minas, que más de 21,000 mineros artesanales participan en esta actividad ilegal en 23 municipios; sin embargo, la Fundación del Río y el Centro Humboldt sostienen que la cifra real asciende a más de 40,000 personas en al menos 38 municipios, generando graves impactos socioambientales.
Ruiz destacó que la minería ilegal ha cobrado la vida de al menos 55 personas en los últimos tres años. La falta de medidas de seguridad, condiciones laborales precarias, trabajo infantil y problemas de salud relacionados con el manejo de mercurio son solo algunas de las consecuencias de esta actividad ilegal.
De particular preocupación es el avance de la minería ilegal en áreas protegidas y territorios indígenas, como la Reserva Biológica Indio Maíz. A pesar de estar prohibida, la actividad minera ha proliferado en esta área, documentándose más de 100 molinos de extracción minera desde 2016, según la Fundación del Río.
En el caso de la Reserva de Biosfera de BOSAWAS, la situación es igualmente grave, con al menos 79 concesiones mineras industriales y un aumento exponencial de la extracción ilegal de oro desde 2007. Esto ha llevado a un aumento en la conflictividad territorial y asesinatos en el Territorio Mayangna Sauni As, donde el 41% está concesionado para minería, tanto industrial como ilegal.
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“Cuatro pueblos están siendo impactados por la minería, generando afectaciones en un total de 21 territorios indígenas, de los cuales 5 son territorios Chorotegas, 1 territorio Matagalpa, 6 territorios Mayangnas, 7 Miskitu y 2 territorios multiétnicos (Mayangna y Miskitu)”, dijo Ruiz.
Además de los impactos ambientales, la minería ilegal también está vinculada a la comercialización ilícita de mercurio, procesos de blanqueo de capital, trata de personas y tráfico de drogas en las zonas de explotación ilegal. Este fenómeno ha alterado drásticamente las dinámicas de las comunidades rurales, generando inseguridad social y la llegada de personas ajenas a estas comunidades.
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El presidente de la Fundación del Río denunció que, lejos de abordar este problema, el régimen Ortega Murillo ha reformado la Ley No. 387 con carácter de urgencia para consolidar su control sobre toda actividad minera, incluida la ilegal. Esta reforma, según Ruiz, permite al Ministerio de Energía y Minas otorgar avales para la minería ilegal.
Además, el régimen Ortega Murillo sigue persiguiendo a las organizaciones ambientales y movimientos sociales que han denunciado esta problemática. En 2022 y 2018 canceló las personerías jurídicas de Centro Humboldt y Fundación del Río, respectivamente.
Ruiz destacó también que no existe ninguna organización ambiental independiente con registro legal en el país, y más de 120 organizaciones ambientales han sido canceladas en una clara persecución por parte del régimen de Ortega Murillo.
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