Nazila Ghanea, relatora especial sobre la libertad de religión o de creencias, e Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), demandaron la libertad inmediata de monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa, encarcelado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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A través del portal de noticias de la ONU, las expertas recordaron que el 18 de octubre, 12 sacerdotes fueron desterrados hacia Roma, sin embargo, señalaron que el también Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí «continúa detenido arbitrariamente desde agosto de 2022, tras ser condenado sin juicio previo y haber perdido sus derechos de ciudadanía y nacionalidad».
Ante el cautiverio que sufre el religioso, las expertas afirmaron que el Gobierno de Nicaragua «debe liberar inmediata e incondicionalmente a monseñor Álvarez y proteger el derecho a la libertad de religión o creencias en el país».
Asimismo, señalaron que el prelado se encuentra en régimen de aislamiento «y en condiciones que contravienen gravemente las Reglas de Nelson Mandela».
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Hicieron hincapié, además, que durante el fallido diálogo nacional entre la oposición y el régimen orteguista, en 2018, «el religioso se destacó por sus llamados a la liberación de los presos políticos y a la pacificación y reconciliación entre los nicaragüenses».
Por otra parte, la ONU informó que el 2 de agosto de este año, Ghanea e Irene Khan enviaron “una misiva oficial a las autoridades nicaragüenses” para plantearles «su inquietud por las presuntas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de religión o creencias y el hostigamiento de organizaciones religiosas en el país».
Denuncian continua represión contra la Iglesia Católica
En cuanto a la represión contra la Iglesia católica de Nicaragua, las expertas resaltaron que «desde 2022, las autoridades nicaragüenses habrían cancelado la personalidad jurídica de al menos mil organizaciones sin fines de lucro, 320 de ellas de carácter religioso».
Recordaron que, a inicio de agosto de este año, el régimen Ortega y Murillo confiscó la personalidad jurídica de la Universidad Centroamericana, dirigida por la orden jesuita.
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En ese contexto, las relatoras afirmaron que estas acciones violan el derecho internacional «y que parecen formar parte de un patrón más amplio de represión contra diferentes componentes de la sociedad civil nicaragüense, especialmente hacia personas o entidades percibidas como críticas del gobierno».
Desde la ola represiva contra la Iglesia católica de Nicaragua, la ONU no ha dejado de demandar el cese del hostigamiento, así como la liberad la de Álvarez, sin embargo, la administración orteguista sigue con su autoritarismo.
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