La disolución del Consejo de Estudiantes de la UCA (CEUCA), la represión a los estudiantes que se manifestaron en defensa de derechos humanos, el recorte presupuestario, el congelamiento de cuentas, y la confiscación bajo la falsa acusación de operar como un “centro de terrorismo”, son algunos de los castigos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso a la Universidad Centroamericana (UCA).
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Con la cancelación de su personería jurídica y robo de bienes, la UCA cerró 63 años como una de las universidades privadas de mayor prestigio no solo en el país. A pesar de su carácter privado era una de las diez universidades que recibía fondos del seis por ciento del Presupuesto General de la República, por ser de carácter social y por una “deuda moral” al resguardar el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica y otros institutos que le fueron entregados por el Estado.
Cuando Ortega perdió el poder contra doña Violeta Barrios de Chamorro dijo “gobernaremos desde abajo”, lo que implicó un control de grupos sindicales en diferentes sectores sociales, entre ellos la educación.
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En las universidades este control empezó a través de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), en la UCA su representación era el CEUCA, y este fue disuelto en tiempos de Jasser Martínez, quien luego se trasladó a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) de Managua, donde dirigió todo el movimiento.
Cuando Ortega regresó al poder los estudiantes de la UCA protestaron contra causas sociales como la quema en la Reserva Indio Maíz y las reformas la Instituto Nicaragüense del Seguro Social que afectaban a los adultos mayores.
Además de la represión Ortega y Murillo venían castigando a la UCA con recortes presupuestarios.
A partir del 2017, mientras el 6 por ciento asignado a las diez universidades y a la secretaría del Consejo Nacional de Universidades (CNU) crecía, el presupuesto de la UCA disminuía.
El presupuesto total del 6 por ciento pasó de 4,829.41 millones de córdobas en 2017 a 4,891.72 millones en 2021.
Mientras que el presupuesto de la UCA pasó de 255.91 millones de córdobas en 2017 a 100 millones en 2021.
Finalmente, el CNU tomó la decisión de sacar a la UCA de las universidades que recibían fondos del 6% y con esto la universidad tuvo que recurrir a estrategias como solicitar apoyo para los estudiantes becados y reducir los montos de las becas.
Para el régimen no fue suficiente y en agosto 2023 recurrió a otra de sus estrategias de represión con el congelamiento de cuentas, la cancelación de personería jurídica y la confiscación de los bienes de la UCA.
Con la medida del régimen son ya más de 25 universidades tomadas y un cambio total con el mapa universitario al pasar estos bienes a manos del Estado, que entre las primeras medidas que realiza es el cambio de nombre.
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El rótulo de la Universidad Centroamericana hoy es suplantado por el de Universidad Casimiro Sotelo y la incertidumbre de los estudiantes ya pasó a ser tristeza por conocer los siguientes pasos del régimen con la toma de los recintos. Continuar con las clases, con maestros de la UNAN, un control total del CNU y un título con un nombre de una universidad que no cuenta con el prestigio del alma mater en la que se matricularon.
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