CIDH y OACNUDH piden liberar al obispo de Matagalpa

También demandan que sean garantizados los derechos humanos a monseñor Rolando José Álvarez Lagos y que el Estado de Nicaragua se abstenga de tomar acciones contra la libertad religiosa, y a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

Mosaico CSI
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Foto tomada de La Prensa

A un año de la detención arbitraria de monseñor Rolando José Álvarez Lagos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe (OACNUDH), condenaron las “continuas violaciones” a sus derechos fundamentales y pidieron la inmediata liberación del obispo de Matagalpa.

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Entre las violaciones a los derechos humanos de monseñor Álvarez mencionan: la falta de acceso a la atención médica y a medicamentos esenciales, la incomunicación desde que se encuentra en el sistema penitenciario Jorge Navarro, más conocido como La Modelo, y la limitación de las visitas a sus familiares.

De acuerdo con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela, y a la misma legislación nicaragüense, el tiempo máximo entre una visita y otra de familiares a un detenido debe ser de 21 días.

“Estos actos resultan contrarios a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Nicaragua al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente, en relación con la garantía a los derechos al debido proceso, a la libertad y a la integridad personal”, señalaron ambas organizaciones.

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Álvarez fue arrestado el 19 de agosto de 2022, tras más de 15 días confinado en la residencia episcopal de Matagalpa. El 9 de febrero de 2023 fue traslado a La Modelo. Hasta el momento Álvarez solo ha recibido una visita el 25 de marzo de 2023.

“Monseñor Álvarez fue sentenciado sin juicio y sin garantías procesales, a 26 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y pérdida de los derechos ciudadanos de por vida, incluida la nacionalidad nicaragüense (estas dos últimas penas no previstas en la legislación nicaragüense). Fue condenado por los delitos de atentado contra la integridad nacional, difusión de noticias falsas y obstrucción de funciones agravada, desobediencia y desacato a la autoridad. También fue catalogado como «traidor a la patria». Desde esa fecha fue trasladado a la cárcel La Modelo y se encuentra incomunicado”, se lee en el comunicado.

La CIDH otorgó medidas cautelares en favor de Álvarez el 13 de abril de 2023 y la Corte de Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), medidas provisionales el 28 de junio de 2023.

“Desde 2022, tanto la CIDH como la OACNUDH han documentado el aumento de la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua por hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes sin derecho a la interposición de recursos administrativos o judiciales, en contravención de las normas internacionales que protegen la libertad religiosa y la no discriminación por motivos de religión”, remarcaron.

Ataques a la iglesia

La CIDH y OACNUDH indicaron que a la fecha reportan al menos 44 miembros de la Iglesia Católica expulsados de forma arbitraria del país, 8 sacerdotes detenidos (6 en sistemas penitenciarios y 2 en seminarios por cárcel); diferentes colegios y universidades católicos confiscados.

En el comunicado ambas organizaciones mencionan el caso de la Universidad Centroamericana UCA, con el congelamiento de sus cuentas, la incautación de sus bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias, bajo el argumento de que funcionó como “centro de terrorismo organizando grupos delincuenciales”.

“Después de cinco años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, instamos al Gobierno de Nicaragua a abstenerse de tomar acciones contra la libertad religiosa, y a cumplir sus obligaciones internacionales, mediante la liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez y de todas las demás personas privadas arbitrariamente de su libertad”, remarcaron la CIDH y OACNUDH.

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