El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo asestó otra estocada a la Universidad Centroamericana (UCA), en esta ocasión a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que quitó la acreditación del bufete jurídico de esa universidad para operar en la resolución alterna de conflictos.
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La medida de la DIRAC fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 147 de este lunes 14 de agosto, dejando sin efecto otra resolución del 17 de abril de este año 2023 –publicada el 28 de junio en La Gaceta Diario Oficial No. 115– en la que había sido renovada la acreditación del Centro de Mediación de la UCA.
A través de sus redes sociales, la UCA informó que dejaría de administrar la mediación como método alterno de resolución de conflictos y asegura que “los demás servicios que ofrece el Bufete Jurídico continuarán atendiéndose normalmente en el horario acostumbrado”.
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Recientemente, la UCA informó que, pese al congelamiento de sus cuentas, continuaba desarrollando sus actividades académicas normalmente, de acuerdo con su planificación.
“Nos encontramos realizando gestiones a fin de regularizar nuestro funcionamiento administrativo, que tal y como se informó, está siendo afectado por dificultades para realizar operaciones en el sistema bancario”, se lee en una publicación del alma mater.
Hace cuatro días el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo congeló las cuentas bancarias de la UCA, uno de los recintos que tomó protagonismo en el estallido de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018.
La UCA informó del congelamiento indicando a sus usuarios: “Les informamos que, por inconvenientes en nuestros canales y medios de pago ajenos a nuestra voluntad, no estamos recibiendo pagos correspondientes a aranceles o servicios de ninguna de las instancias de la universidad. Lamentamos los inconvenientes y les estaremos informando una vez que sea posible procesar pagos en nuestra caja central y canales alternos”.
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