La dictadura de Anastasio Somoza causó dolor a las mujeres campesinas. Muy conocidos fueron los hechos contra las mujeres de El Cuá, un capítulo amargo que Carlos Mejía Godoy inmortalizó en una canción. La letra de aquel legendario corrido testimonial narra la historia de un grupo de campesinas ultrajadas por la Guardia de aquel tirano.
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Todos creyeron que no habría más páginas amargas que agregar a esa lamentable historia, pero no, las campesinas del norte siguen sufriendo, no como en aquella ocasión, ahora lloran por otras razones y por otra dictadura que les ha destruido su vida. Muchas han tenido que dejar su hogar, su patria, sus hijos para poder salvaguardar su vida, su libertad y su dignidad.
Una campesina a quien llamaremos “Boni”, cuenta su amargo testimonio para este reporte. Dice que su delito, fue no ser sandinista en la actual dictadura que presiden Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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“Yo tengo año y medio de haber salido de Nicaragua, la verdad no ha sido fácil haber abandonado nuestra tierra, es difícil dejar nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, tener que dejarlos abandonado y tomar otro camino, tomar otro rumbo”, expresa la mujer de 47 años, quien es originaria de una comunidad del municipio El Cuá en el departamento de Jinotega y quien vive en condición de exilio en Estados Unidos.
“Acá me he sentido más tranquila, más despejada, porque, aunque nuestra querida Nicaragua sea nuestra tierra, no tenemos seguridad, no tenemos la libertad que tenemos acá en este país. En Nicaragua no podemos tener nada, porque nos quitan lo poco que tenemos, lo que hemos trabajado, los ladrones llegan y nos roban”, relata.
Luchó contra el orteguismo
Según narra “Boni”, ella y su familia fueron parte activa en la lucha cívica de abril de 2018. “Es la lucha de todo un pueblo, no de pocos como ellos (los orteguistas) dicen, la diferencia es que no era un pueblo armado como ellos”, contó. Añadió que ella estuvo en las barricadas que se levantaron en el municipio de El Cuá, lo que los llevó a ser blanco directo de los paramilitares que organizó y armó la policía de Ortega y su Ejército sumiso.
Ella afirma que, a cargo de esas operaciones del Ejército y la Policía, pusieron al frente al paramilitar Luis Antonio Rizo, conocido como “Toño loco”, quien era conocido por sanguinario en las comunidades de El Cuá, Wiwilí y Pantasma.
Este paramilitar tenía como misión desaparecer a los campesinos que estaban en contra de la dictadura o recopilar información para luego ubicarlos y capturarlos. Rizo encontró el fin de su vida en una balacera que los jinoteganos asumen fue entre paramilitares y policías. “Se salieron de control y se mataron entre ellos”, dice un jinotegano que recuerda la matanza.
“En ese tiempo a mi casa llegaron ladrones, se llevaron todo lo que teníamos. En esos días, a mi niño (hijo) lo tenía muy tiernito y no me dejaron ni para un pote de leche. Los ladrones iban encapuchados, con uniformes negros, pensamos que eran antimotines, y a partir de eso empezaron amenazar que nos iban a matar, que nos iban a quemar vivos, que a mí y a mi hija nos iban a violar antes. Que quemarían la casa con nosotros adentro”, relata “Boni” llorando.
En esas duras circunstancias contra las mujeres de El Cuá y las familias en general, “Boni” tomó la decisión de abandonar su hogar para exiliarse. “Era eso o morir allá, quemado como quemaron a una familia en Managua. Ellos decían: ya lo hicimos la primera vez, ¿Quién quita que seas vos la segunda familia quemada? Los sandinistas no jugamos. Así nos gritaban”, contó que le dijeron.
Régimen se burla de las mujeres
El régimen sandinista confiscó la Fundación María Cavalleri. Sin ninguna vergüenza, la vocera de la dictadura anunció que su gobierno lo convertiría en un centro de capacitación al que sin pudor llamó “Mujeres de El Cuá”. El atropello fue rechazado por directivos de esa fundación, porque no solo les robaron sus bienes, sino que hicieron cómplices a las respetadas Mujeres de El Cuá.
Una especialista en temas de género expresó que en la vulneración de los derechos de las mujeres el Estado es doblemente responsable, porque es el Estado quien debe garantizar el cumplimiento de la ley y crear políticas de protección hacia esa parte de la población.
Vía Voces Unidas
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