Un reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, indica que durante el mes de mayo del 2023 hubo cuatro olas de detenciones que dejaron 63 personas detenidas arbitrariamente, pero, además reportan la detención de cuatro sacerdotes y 4 trabajadores laicos de la iglesia católica en el país.
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Según el organismo internacional, por lo menos 37 personas siguen arbitrariamente privadas de su libertad, incluyendo a monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, quien ha estado sometido a un régimen de incomunicación desde el 25 de marzo de este año.
El organismo destaca que se ha intensificado la persecución de los opositores políticos y de quienes son percibidos como tales, a través de la cancelación injustificada de licencias profesionales, la prohibición selectiva a nacionales de volver a entrar en el país y el cierre arbitrario de organizaciones humanitarias.
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En el breve informe explican que las personas que fueron detenidas arbitrariamente fueron trasladadas desde su lugar de arresto hasta Managua, presentadas ante un juez, y sometidas a audiencias colectivas. “Las personas fueron calificadas de ‘traidoras a la patria’ y acusadas de los delitos de propagación de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional y a la soberanía, delitos comúnmente utilizados para perseguir a la oposición”.
En cuanto a los cuatro sacerdotes y cuatro laicos que fueron detenidos en este mismo mes, OACNUDH indica que es una violación de la libertad religiosa. “La detención de sacerdotes como represalia por sus actividades viola la libertad religiosa, que incluye el derecho de las personas que practican una religión a elegir sus propios líderes, sacerdotes y maestros”.
Añaden que al menos a 12 nicaragüenses se les impidió la entrada a Nicaragua, incluidas personas que tienen familiares dependientes en el país, como adultos mayores y niños, lo cual da lugar a separaciones forzosas que son opuestas a las obligaciones establecidas en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
OACNUDH también menciona que entre el 9 y el 11 de mayo la Corte Suprema de Justicia suspendió definitivamente las licencias profesionales de 26 abogados y notarios, y que además en el mismo mes de mayo la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación cancelaron la personería jurídica de 29 organizaciones, entre ellas 3 de otros países, incluyendo asociaciones sin fines de lucro, universidades privadas, y una organización humanitaria neutral e imparcial, con lo cual suman 3,370 desde 2018.
La OACNUDH señala que el actual patrón represivo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consiste en detener a personas durante unas horas, sin comunicarles los cargos que se les imputan, y luego ponerlas en libertad condicional, con la obligación de acudir diariamente a una delegación policial y firmar.
Por otra parte, denuncian que solo en mayo tres periodistas fueron detenidos, lo cual es una violación del derecho a la libertad de expresión. “La intimidación, el acoso y la detención arbitraria de periodistas para impedir su trabajo socavan la libertad de prensa, obstruyen el derecho del público a la información y atentan contra la libertad de expresión”.
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