Martha Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó preocupación porque las autoridades de Nicaragua están usando el sistema de justicia para silenciar las voces críticas o disidentes en el país, ya que solo en mayo recién pasado fueron detenidas arbitrariamente 63 personas.
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En conferencia de prensa en Ginebra, Hurtado pidió poner fin a la represión de la disidencia y dejar en libertad a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, así como la restauración del estatus legal de todas las organizaciones y medios de comunicación que han sido cerrados desde 2018.
Según informes de ACNUDH, más de 3,200 organizaciones han sido canceladas desde finales de junio de 2022 y los medios de comunicación también han sido obligados a cerrar.
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La vocera destacó que, en una sola noche, 55 personas fueron acusadas de «conspiración para socavar la integridad nacional» y «difundir noticias falsas» y que ninguno de ellos en las audiencias de custodia contaba con un abogado de su elección y fueron representados por un defensor público impuesto. Entre los detenidos había defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica.
También explicó que, durante esta semana, tres monjas extranjeras fueron expulsadas de Nicaragua y a otras tres monjas se les impidió salir de su convento y entre el 21 y el 23 de mayo, cuatro sacerdotes y cuatro empleados de la iglesia fueron arrestados y detenidos. Tres de ellos están bajo arresto domiciliario y uno está en la cárcel.
Además recordó que el obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando José Álvarez Lagos se encuentra cumpliendo una condena de 26 años por «atentar contra la integridad nacional» y «difundir noticias falsas» y no se le ha permitido ninguna visita desde el 25 de marzo.
“La Oficina ha recibido información de que su celda tiene higiene y saneamiento inadecuados y no tiene luz natural, y que no se le permite salir, condiciones que violan las normas internacionales de derechos humanos”, lamentó Hurtado.
Añade que por lo menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia Católica nicaragüense han visto congeladas sus cuentas bancarias por presunto lavado de dinero. El Gobierno ha acusado a la Iglesia de ser una organización criminal que apoya lo que denomina «terrorismo» y la desestabilización del país.
Otro de los aspectos que mencionó la portavoz del organismo de derechos humanos es que entre los días 9 y 11 de mayo, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que 26 abogados y notarios críticos con el Gobierno, incluidos algunos de los defensores de los derechos humanos más destacados del país, ya no podían ejercer la abogacía en Nicaragua. Veinticinco fueron despojados de su nacionalidad en febrero, junto con otras 292 personas. Las autoridades han confiscado algunos de sus bienes y propiedades.
Agrega que la Oficina del ACNUDH está lista y disponible para ayudar a Nicaragua a promover los derechos humanos en el país. Conceder acceso a nuestro personal sería un paso importante hacia una mejor cooperación con el sistema de las Naciones Unidas.
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