El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa encarcelando, persiguiendo y amenazando a quienes percibe como opositores. En el mes de abril la cifra de presos políticos verificados aumentó a 47, once más que en el mes de marzo, según reportó el Mecanismo para el Reconocimiento de personas presas políticas, en su informe mensual.
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En la lista de los privados de libertad por motivos políticos hay cuatro personas procedentes de Matagalpa, entre ellos monseñor Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, quien lleva nueve meses detenido arbitrariamente, tres de ellos en la cárcel conocida como La Modelo, donde el régimen lo mantiene recluido como venganza por haberse negado a ser desterrado el pasado 9 de febrero.
El informe reporta los casos ocurridos entre el 1 abril y el 7 de mayo de este año y destaca que en ese mismo período también han sido judicializadas de manera ilegal 55 personas, mientras que otras seis personas, incluyendo a un menor, fueron desterradas.
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Según el reporte, durante abril de 2023 hubo 55 detenciones por motivación política, de las cuales 38 continúan en cárcel, pero sólo 11 se incluyen en la lista del mes, porque 27 personas continúan en estudio y solicitud de autorización.
Las detenciones arbitrarias se dieron en el contexto del quinto aniversario de la rebelión de abril y las celebraciones de Semana Santa, periodo en que el régimen Ortega Murillo incrementó el hostigamiento, persecución y detenciones en contra de líderes opositores, personas autoconvocadas, familiares de presos políticos y familiares de víctimas de la represión del 2018.
En cuanto al estado de las personas privadas de libertad por motivos políticos, el Mecanismo alertó que dos de ellos se encuentran con grilletes de manera permanente en sus extremidades y 13 (9 de ellos encarcelados antes del 2018) se encuentran en celdas de reclusión diferenciada en condiciones de mayor aislamiento, precariedad de las celdas y mayor vulnerabilidad ante malos tratos y torturas.
También explican que el 3 de mayo hubo detenciones masivas y procesos irregulares de judicialización a 55 personas catalogadas como opositoras en al menos 11 departamentos del país y 2 regiones autónomas, lo cual no había ocurrido, al menos en esa magnitud, desde 2021. De las 55 personas judicializadas, 21 son mujeres.
El informe destaca que prevalece la desinformación por parte del Poder Judicial, ya que la mayoría de las personas detenidas, luego de semanas desde sus aprehensiones, no han sido presentadas ante el juez ni se les ha acusado formalmente. Por otro lado, de haber sido presentadas, las audiencias han sido realizadas de forma oculta sin brindar información a sus familiares ni a sus defensas técnicas y violando el debido proceso.
Aclaran que la cifra de las detenciones arbitrarias tiene una alta probabilidad de no ser definitiva debido al ambiente de miedo y terror que existe en la población que causa autocensura y desinformación.
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