Sanciones a tres funcionarios judiciales de Nicaragua

La OFAC de Estados Unidos incluyó entre los sancionados a dos magistrados de Apelaciones y una juez de Managua “involucrados en abusos contra los derechos humanos

Mosaico CSI
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Ernesto Rodríguez Mejía, Octavio Rothschuh Andino y Nadia Tardencilla Rodríguez son los sancionados. Foto tomada de Confidencial

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones, este martes 19 de abril “a tres funcionarios judiciales nicaragüenses involucrados en abusos contra los derechos humanos” cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicios de Managua; así como los magistrados de Apelaciones Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rothschuh Andino son los sancionados.

“Continuaremos utilizando las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas por los abusos del régimen de Ortega-Murillo, reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional del obispo (de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José) Álvarez e instamos a la restauración del espacio cívico para el pueblo de Nicaragua”, señala una nota de prensa del Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony J. Blinken.

Los funcionarios judiciales fueron quienes confirmaron las decisiones que revocaron la ciudadanía a más de 300 nicaragüenses, señaló el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Los magistrados Rodríguez y Rothschuh del Tribunal de Apelaciones de Managua despojaron de la ciudadanía a 222 presos políticos, mientras que otros 94 nicaragüenses también fueron despojados de la ciudadanía y declarados “prófugos de la justicia”, agrega la declaración de sanciones.

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Además, menciona que la juez Tardencilla fue quien dictó la sentencia contra el obispo de Matagalpa, condenado a más de 26 años de prisión, despojado de la ciudadanía y declarado traidor a la patria por ser crítico con el régimen.

Según el Departamento de Estado, “estas acciones reflejan el desprecio del régimen por los derechos humanos en Nicaragua”.

 

 

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