En un informe titulado “Un grito por la Justicia: 5 años de represión y resistencia en Nicaragua”, publicado este 18 de abril, Amnistía Internacional hizo recuento de la crisis de derechos humanos que ha sufrido el país desde 2018, cuando la población salió a las calles a protestar pacíficamente contra reformas al sistema de seguridad social.
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El informe indica que la represión ha dificultado la labor de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de la prensa independiente y ha causado un menoscabo en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión.
Agrega que miles de personas han salido del país a causa de la violencia de las autoridades y debido a la magnitud de la crisis, los organismos internacionales de derechos humanos han reaccionado de acuerdo con sus mandatos e, incluso, han creado cuerpos ad hoc, como el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, este último creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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“La represión brutal fue la herramienta que el presidente Daniel Ortega decidió utilizar para gestionar aquel descontento social, el cual dejó un saldo de más de 300 muertos, más de 2000 personas heridas y cientos de detenciones arbitrarias”, dice el informe.
“A través de la documentación de casos emblemáticos mostramos el continuum de represión a la que ha sido sometida la sociedad nicaragüense, y los diferentes patrones de violaciones a derechos humanos que han sufrido las personas que se atreven a alzar su voz para denunciar la crisis que sufre el país y exigir el respeto y el goce pleno de los derechos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en una nota de prensa del organismo.
El informe explica que el régimen ha hecho uso excesivo de la fuerza, el uso de leyes penales para criminalizar injustamente a activistas y disidentes. Agrega que según información que han recabado el uso excesivo de la fuerza ha sido ejercido por las fuerzas policiales, en muchas ocasiones en coordinación con grupos parapoliciales, quienes han sido los responsables de miles de detenciones arbitrarias en diferentes momentos, a lo largo de los cinco años.
Además explican que entre 2018 y 2023, Amnistía Internacional ha logrado confirmar la cooptación del sistema judicial, el cual, en colaboración con otras autoridades nacionales, ha desarrollado juicios injustos en contra de personas por el mero hecho de ser consideradas críticas al gobierno.
El informe también aborda el tema de la privación arbitraria de nacionalidad de más de 300 personas, muchas de las cuales quedaron en situación de apatridia, un estatus que las coloca en un mayor nivel de indefensión y con serios obstáculos para ejercer otros derechos como el de la salud, la educación y empleo.
“A cinco años de su inicio, la crisis de derechos humanos en Nicaragua se sostiene por la pérdida del Estado de Derecho, la aprobación de reformas normativas que han afectado la independencia del poder judicial y el cierre al escrutinio de mecanismos de control de derechos humanos, tanto regionales como universales”, dijo Erika Guevara Rosas en la nota de prensa.
“Hoy más que nunca la comunidad internacional debe seguir actuando de manera articulada y contundente. Pero no sólo al momento de reconocer y condenar la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murilo, sino también en la manera en la que se promueven y garantizan los derechos de justicia, verdad y reparación para las miles de víctimas que ha cobrado y sigue cobrando una política muy represiva que aplasta los derechos humanos”, dice el informe.
Amnistía Internacional en su informe hace una serie de recomendaciones entre ellas el el cese de toda forma de discriminación y violencia basada en las opiniones de las personas y garantizar plenamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Así como dar marcha atrás a las normas legales que violan derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, en particular derogar o reformar la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autoderminación para la paz para ajustar el sistema legal nicaragüense a las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
También recomienda al régimen abrirse al escrutinio internacional, lo cual incluye asegurar la permanencia de Nicaragua en el Sistema Interamericana de Derechos Humanos y garantizar la adecuada cooperación estatal con los órganos del sistema, incluyendo el cumplimiento irrestricto de sus órdenes de protección y adherirse a la brevedad al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional e incorporar su fundamento en la legislación interna.
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