II de II entregas.- Juanita tiene miedo de revelar su identidad, porque brindar entrevistas puede significarle persecución, cárcel, destierro, o hasta la muerte. “Es que son capaces de cualquier cosa”, dice esta líder comunitaria de 38 años, mientras ve al cielo y pronostica que este año habrá un “buen invierno”, por lo que en mayo próximo espera cultivar algo de frijoles en la parcela que tiene en un municipio del departamento de Matagalpa, en Nicaragua.
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Para la Juanita será un problema acceder a semillas, porque la organización que la apoyaba con eso es una de las 3,364 oenegés y organizaciones sin fines de lucro canceladas en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entre noviembre de 2018 y marzo 2023, y que tenían distintos ámbitos de trabajo en temas ambientales, finanzas, producción, género, salud, niñez, entre otros.
Con el apoyo de la oenegé, la Juanita sembraba 4 manzanas de frijoles y 2 de maíz, pero ahora ella sigue pensando en qué hacer: “Tengo un ‘puñito’ de frijol, tal vez me da para sembrar aunque sea media manzana”, dice. Para su familia de 7 personas, la producción apenas sería para autoconsumo.
El impacto que está teniendo el cierre de las organizaciones, principalmente las que atendían a mujeres como la Juanita, es “enorme”, coinciden representantes de organizaciones canceladas en Nicaragua.
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De acuerdo con un estudio realizado por la cancelada Fundación del Río, el 38 por ciento de las oenegés nacionales canceladas atendían temáticas relacionadas con los derechos humanos; mientras que el 74 por ciento de las organizaciones internacionales estaban dedicadas a la cooperación para el desarrollo.
Amaru Ruiz Alemán, ambientalista y presidente de la Fundación del Río, destacó que el cierre masivo de oenegés ha significado el desempleo para 23,483 personas; 255 millones de dólares en pérdidas, y 3.4 millones de beneficiarios desatendidos.
Por su parte, la socióloga María Teresa Blandón Gadea, directora del Programa Regional Feminista La Corriente –otra de las organizaciones canceladas– y también exiliada, consideró que “el cierre de las organizaciones que trabajan con mujeres, pero con mujeres rurales en particular, es grave, en un país donde la violencia de género es un problema gravísimo y donde la pobreza afecta a la mayor parte de las familias rurales”.
Con Ruiz y Blandón coincide Ana Quirós Víquez, especialista en salud pública y directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), quien además asegura que, tras el cierre ejecutado por el régimen Ortega Murillo, “hay muchas organizaciones, muchos grupos, muchas colegas que intentan seguir haciendo algo, de manera individual o de manera casi clandestina; sin embargo, la desprotección en la que han quedado mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes es enorme”.
Quirós fue una de las primeras víctimas de la represión. El 18 de abril de 2018 sufrió una golpiza brutal. A finales de noviembre de ese año, fue la primera despojada de la nacionalidad nicaragüense y desterrada. Tres días después, estando ella en Costa Rica, le quitaron la personería jurídica a CISAS.
Para la socióloga Blandón, “lo que el régimen Ortega Murillo ha hecho es una barbaridad. O sea, no solo no ha resuelto problemas urgentes para las mujeres rurales, sino que les ha quitado este apoyo; el colmo es que, en situaciones de emergencia, por ejemplo, como los huracanes que enfrentaron las regiones de la Costa Caribe, estas organizaciones que antes podían dar un apoyo rápido, oportuno y que tomara en consideración las necesidades de las mujeres, ya no pudieron hacerlo, porque ya lo tenían prohibido”.
Ese estudio identificó 4 motivos detrás de las cancelaciones: la criminalización de la labor de las oenegés, la desarticulación del tejido territorial, el control de la cooperación al desarrollo y la hegemonía sobre el bien común y la ayuda humanitaria.
Allá en su parcela en Matagalpa, la Juanita conoce de casos de mujeres que acceden a ciertos programas estatales para la economía de patio, pero que, refiere, “son del partido (Frente Sandinista) y ya entre ellos se conocen”.
Ruiz menciona que el impacto del cierre masivo de las oenegés trasciende de quienes trabajaban en las organizaciones y a las familias que se beneficiaban con los programas. Como un caso emblemático mencionó a la Coordinadora de Mujeres Rurales, que llevan más de 12 años luchando por el derecho a la tierra; así como el caso del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) “que trabajaban en función de atender los problemas de violación a los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes”.
“Tenés experiencias de esa naturaleza que evidencian el impacto que ha significado no solo la pérdida de estas organizaciones, sino la pérdida de los proyectos que desarrollaban estas organizaciones”, dice Ruiz.
Mientras tanto, a criterio de Blandón, “las organizaciones de mujeres rurales, las pequeñas cooperativas que se habían creado, los colectivos de producción se han quedado en una situación de mayor vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad es lo que ha obligado a miles de jóvenes de las comunidades rurales a migrar en condiciones de riesgo, porque ya no tienen ese apoyo para poder quedarse en sus comunidades, para poder seguir trabajando y para poder resolver sus necesidades básicas”.
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