Entre el junio de 2021 y febrero del 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dictó 8 resoluciones de medidas provisionales y dos resoluciones de medidas urgentes para proteger a 88 personas privadas de libertad en Nicaragua, sin embargo, estas fueron desacatadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dejando en desprotección absoluta a los beneficiarios de las medidas.
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El juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte IDH, informó al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la situación de desacato permanente del Estado de Nicaragua y la desprotección absoluta en la cual aún se encuentran seis presos políticos, ya que el resto de los beneficiados con las medidas fueron desterrados por el régimen.
El juez Manrique explicó que las resoluciones disponían que el Estado de Nicaragua debía tomar medidas urgentes para preservar la libertad, la salud y la integridad física de estas personas, ya que la corte verificó la situación real de urgencia, el riesgo y la vulnerabilidad de los beneficiarios, además verificó que los beneficiarios se encontraban sometidos a condiciones extremas, algunas de ellas con graves perjuicios para su salud.
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También verificaron que las privaciones de libertad tenían objetivo de tipo político y no penal general.
Manrique manifestó que, pese a las medidas adoptadas por la Corte, Nicaragua no ha adoptado ninguna y en su lugar ha contestado todas las comunicaciones indicando que la Corte, igual que la OEA, está en un proceso destituyente del actual gobierno, no está dispuesto a cumplir las resoluciones y ha sostenido que los beneficiarios de las medidas estaban siendo procesados por presunta comisión de delitos conforme legislación interna.
Sin embargo, Manrique dijo que “todos sabemos que no se puede invocar el derecho interno, para cumplir una decisión internacional”, además agregó que si bien es cierto que Nicaragua denunció la Carta de la OEA, no ha denunciado la Convención Americana, por tanto la Corte sigue teniendo competencia.
Manrique explicó cuando el tribunal encuentra a un Estado en desacato permanente como es el caso de Nicaragua, el tribunal culmina su intervención y el camino que determina la Convención Americana es ponerlo en conocimiento de la OEA para que se procese la respuesta adecuada respecto a la gravedad de la situación que hay.
Manrique expresó su preocupación, porque entre los más de 30 presos políticos que aún hay en el país, hay seis que fueron beneficiados con resoluciones de medidas provisionales: Fanor Alejandro Ramos, Eliseo Castro Baltodano, José Manuel Urbina Lara, Carlos Antonio López Cano, Jaime Navarrete y Eder Oniel Muñoz Centeno, quienes se encuentran en estado de desprotección absoluta corriendo riesgo grave e irreparable de su derecho a la vida, integridad, salud y alimentación.
Manrique dijo que hay nuevas denuncias y que la semana pasada han dictado nuevas medidas previsionales en este caso para proteger la vida e integridad de periodistas de Radio La Costeñísima, caso en el que además se ha protegido el derecho a la libertad de expresión de esas personas.
Chile cede su tiempo a ex presa política
Chile cedió su tiempo a la excarcelada política Tamara Dávila, para que rindiera testimonio de lo vivido durante su ilegal encarcelamiento en El Chipote. Dávila estuvo presa 606 días y por más de un año no pudo ver ni una fotografía de su hija que tiene siete años y a quien tampoco ha podido abrazar después de que fue desterrada el pasado nueve de febrero.
“Fui secuestrada y condenada ilegalmente por la dictadura Ortega Murillo, mi testimonio no es solo mío, es colectivo, muestra el odio con que actúa la dictadura contra cualquier persona que sea percibida como opositora”, dijo Dávila durante su intervención y advirtió que el desacato del régimen de Nicaragua continúa, porque “la expatriación, el destierro y el exilio no es libertad”.
Varios de los Estado miembros de la OEA se solidarizaron con el pueblo de Nicaragua, entre ellos el de Ecuador, que condenó el despojo de la nacionalidad de los excarcelados y de las otras 94 personas, así como las medidas de confiscar sus bienes, lo cual va contra todos los principios que norman la vida civilizada. También llamó a rectificar y liberar a los presos políticos que aún quedan y sobre todo a permitir que Nicaragua y su gente vuelvan pronto a la vida democrática.
En la sesión también intervino el Observador permanente de la Santa Sede quien dijo que dijo que El Vaticano “valora los esfuerzos de la comunidad internacional por favorecer el diálogo y crear vías de entendimiento en beneficio de las personas más vulnerables y necesitadas, en particular agradece a Estados Unidos por facilitar transporte y el ingreso en su territorio a 222 presos políticos, como también a los países que han ofrecido la ciudadanía a los mismos”.
También mostró su preocupación por Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien después de negarse a subir al avión el pasado nueve de febrero fue condenado al día siguiente a 26 años de cárcel.
Por otro lado, dijo que el Estado de Nicaragua comunicó por escrito el pasado diez de marzo la suspensión de las relaciones diplomáticas y pidió de inmediato el cierre de las respectivas sedes diplomáticas, habiéndose efectuado la clausura de la Nunciatura Apostólica en Managua.
“La Santa Sede lamenta esa decisión y aboga por el establecimiento de un entendimiento recíproco basado en el diálogo constructivo y respetuoso”, dijo el representante del Vaticano.
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