“Mi hija hoy por hoy ya no tiene madre. He dejado de existir en mi país”. Estas frases fueron parte del testimonio de Tamara Dávila Rivas en la presentación del informe anual de Amnistía Internacional 2022-2023, en el que relató la situación que enfrentan los más de 300 expatriados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como la situación que vive el país.
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Dávila, quien estuvo por casi dos años en una celda de castigo en la cárcel conocida como El Chipote y por más de un año sin poder ver siquiera una fotografía de su hija, fue excarcelada el pasado 9 de febrero junto a otros 221 presos políticos, y todos fueron despojados de nacionalidad y desterrados a Estados Unidos.
En una video conferencia con Amnistía Internacional, Dávila explicó que al régimen no le basta con encarcelar, asesinar y torturar, sino que ahora destierra y desaparece jurídicamente a sus ciudadanos.
“Desaparece de los registros civiles a las personas, borra identidades, llegando incluso a quitarle el apellido a menores de edad, transfiriendo así a las familia los supuestos delitos que hemos cometido”, expuso.
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Dávila relató cómo el régimen, desde el 2018, asedia, asesina, encarcela y tortura, pero además explicó que nadie está a salvo, porque criminalizan la libertad de expresión, de movilización, de organización, de participación, el derecho de elegir y ser electo, el derecho a la propiedad privada, al trabajo, a la salud, a una pensión de vejez y literalmente el derecho a existir en el país que los vio nacer.
“En nicaragua cualquier persona organizada es susceptible de ser perseguida y criminalizada, pero no solo ella sino también su familia”, dijo.
Dávila indicó que el destierro y la despersonalización jurídica son la nueva política y práctica del régimen Ortega-Murilo. “Yo y los 221 personas que fuimos desterrados el pasado 9 de febrero, somos ejemplo de esa política, el último caso fue la doctora Anely Pérez que fue desterrada junto a su familia, todo con el propósito de desarticular cualquier intento de movilización o de pensamiento crítico”.
Agregó Dávila que el informe de Amnistía Internacional detalla muy bien lo que ocurre en el país, “es un enorme retroceso de los derechos en el país y en la lucha de los derechos humanos y esto tiene un grave impacto de quienes están en el país, vivir en el país en esas condiciones se ha convertido en un acto de resistencia y valentía cotidiana, el costo ha sido altísimo, es un enorme reto vivir en un país donde no hay garantías, ni derechos de ningún tipo”, explicó.
Según Dávila una de las claves para seguir resistiendo la embestida criminal de Ortega y Murillo es que los organismos de derechos humanos denuncien lo que se vive en Nicaragua y en la región e insten a los estados a través de los distintos mecanismos existentes a presionar para que los derechos humanos sean prioridad. “Esa unidad nacional e internacional es vital para que las dictaduras pierdan poder”.
Dávila recordó que en Nicaragua todavía hay al menos 37 personas identificadas como presos políticos, entre ellos Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, ya que el régimen sigue sosteniendo una “política de puertas giratorias” con los presos políticos.
El informe fue presentado por Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien explicó que es una radiografía de la situación de derechos humanos en 156 países, incluido 27 países de las Américas.
Guevara Rosas manifestó que desde hace una década han venido advirtiendo del deterioro de la situación de Derechos Humanos en el mundo, pero el 2022 fue un año emblemático en cuanto al estado de regresión.
Explicó que en 2022 el organismo pudo verificar denuncias del uso ilegítimo de la fuerza por parte de fuerzas del orden contra manifestante en protestas pacíficas en 85 de los 156 países que se incluyen en el informe. Además, se promulgaron leyes que restringen el derecho a la libertad de expresión y el derecho a protestar en al menos 29 países y se ha detenido arbitrariamente a personas defensoras de Derechos Humanos en 77 países alrededor del mundo.
Guevara Rosas manifestó que particularmente en las Américas la hipocresía de los gobiernos y su doble estándar, así como las respuestas insuficientes, están menoscabando gravemente los derechos humanos, generando crisis profundas.
Según Guevara Rosas el informe pone en evidencia que pese a las promesas de prosperidad, seguridad, avances sociales y protección ambiental, los gobiernos han dado la espalda a la población, especialmente poblaciones marginalizadas, como mujeres y niñas en situación de pobreza, personas migrantes y refugiadas, pueblos indígenas y comunidades negras y otros grupos que siguen en el abandono de políticas estatales de manera intencional y han reprimido a quienes alzan la voz.
En el caso de Nicaragua relató cómo el régimen de Daniel Ortega hasta diciembre de 2022 había cancelado la personería jurídica de al menos 3,144 organizaciones de sociedad civil, cerrado universidades, encarcelado a periodistas y hostigado a personas que ejercen activismo político.
Agregó que en febrero de 2023 el régimen sometió al exilio forzado a 222 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, entre ellos a prominentes personas defensoras de derechos humanos, como Tamara Dávila y además despojó de su nacionalidad a 94 más de una forma cruel, lo cual demuestra cómo se ha ido profundizando esta política sistemática de represión.
Guevara Rosas destacó el informe del Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua de la ONU, el cual no solo denuncia, sino que concluye que hay evidencia de que las autoridades nicaragüenses bajo el mando de Daniel Ortega han cometido crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, tortura, violencia sexual, deportaciones y persecución por motivos políticos.
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