La Coalición Nicaragua Lucha denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con el patrón de secuestros, allanamientos ilegales a domicilios y centros de trabajo de la Iglesia Católica; además, llamó a la comunidad internacional a ejercer presión diplomática para garantizar la libertad de monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, así como de los demás presos políticos.
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El pronunciamiento de la Coalición ha sido en ocasión de la “Semana de la memoria, verdad y justicia”.
Este 24 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conmemora el Día internacional del derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas poniendo de relieve la necesidad de abordar el envejecimiento de las víctimas y sus familias en los esfuerzos por construir memoria, conocer la verdad y lograr justicia.
La Coalición, que está conformada por 20 organizaciones, lanza una alerta sobre el estado de monseñor Álvarez, quien se encuentra “en condición de desaparición forzosa, después de haber sido trasladado a la cárcel La Modelo según afirmó el presidente Daniel Ortega el 9 de febrero 2023 y hasta la fecha ningún familiar ha tenido acceso a visitas que constante su integridad personal”.
Monseñor Álvarez se negó a ser desterrado el pasado 9 de febrero cuando el régimen excarceló a 222 presos políticos a quienes les despojó de la nacionalidad y mandó a confiscar sus bienes.
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Ante la negativa de monseñor, el régimen lo sentenció sin un juicio a 26 años de cárcel y lo envió al sistema penitenciario conocido como La Modelo.
En el pronunciamiento, la Coalición recuerda que en la reciente etapa del terrorismo de Estado que vive el pueblo de Nicaragua han sido encarcelados 14 miembros de la Iglesia Católica, 11 de ellos fueron excarcelados y desterrados ilegalmente del país. Tres permanecen en la cárcel, dos acusados por delitos comunes y Monseñor Álvarez condenado por menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones agravada y desobediencia o desacato a la autoridad.
Añaden que a la persecución de la Iglesia Católica de parte de la dictadura también se le suma la ruptura de relaciones diplomáticas con El Vaticano, el cierre de emisoras y organizaciones sin fines de lucro, así como la vigilancia permanente en diversos templos y el impedimento de realizar actos religiosos en vías públicas violando la libertad de culto a miles de nicaragüenses.
Por último, la Coalición llamó a los Gobiernos respetuosos de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales a levantar la voz por los 37 presos políticos que permanecen en cárcel incluyendo a Monseñor Álvarez y todas las personas defensoras de Derechos Humanos víctimas del régimen autoritario.
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