Consternados reaccionaron miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), el cual confirmó que ha habido y se pueden seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad. Mientras, hubo países que exigieron la liberación de los presos políticos que quedan en el país, incluido el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos.
Le puede interesar: Matan a un hombre en Wiwilí, Jinotega
Además, los representantes de distintos países demandaron la renovación del mandato del grupo para seguir investigando las violaciones de derechos Humanos en Nicaragua.
El representante de Luxemburgo, que también habló en nombre de Bélgica y Países Bajos, manifestó preocupación por el despojo de la nacionalidad de 317 personas, lo cual solo demuestra la falta de voluntad de las autoridades de Nicaragua a cualquier oposición y al diálogo.
Además, señaló el representante de la Unión Europea, es inaceptable que los disidentes “hayan sido despojados de su nacionalidad y sus derechos civiles y políticos. Es un intento evidente de las autoridades de librarse de la oposición, como vemos por la dura condena de aquellos que se niegan al exilio para ganar su libertad, especialmente el obispo Rolando Álvarez”.
También puede leer: 17 países «preocupados» por condena a obispo de Matagalpa
Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa, se negó a ser desterrado el 9 de febrero, y al siguiente día el régimen lo condenó a 26 años y 4 meses de prisión.
En un video presentado en la sesión y divulgado también por medios oficialistas, Wendy Carolina Morales Urbina, Procuradora General de la República de Nicaragua, rechazó y desconoció en nombre del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los resultados del informe, además aseguró que la creación del grupo fue una decisión unilateral del organismo.
“Estamos convencidos que dicho grupo no es más que una cortina para aparentar una legalidad inexistente en los reportes que preparan sobre Nicaragua y por lo cual reiteramos que los insumos en estos son lineamientos de los sectores y medios de la oposición en nuestro país que difunden situaciones y hechos subjetivos, desvirtuados y falsos sobre nuestra realidad”, dijo la funcionaria en el video.
Sin embargo, el representante de Francia recordó al régimen de Ortega y Murillo que el GHREN fue nombrado por el Consejo de la ONU “conforme con las reglas y en ningún caso de manera unilateral”, como lo afirmó la representante de Nicaragua.
Además de mostrar su preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua y condenar el despojo de nacionalidad a los nicaragüenses, Francia abogó por la liberación inmediata de los presos políticos que aún quedan en el país, incluido monseñor Álvarez.
La representante de Chile que habló también en nombre de Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, manifestó que están consternados con “las graves y sistemáticas violaciones y abusos a los derechos humanos detallados en el informe y por el hecho de que se podían haber cometido y se podrán seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad en Nicaragua”.
“El informe no deja duda sobre la absoluta gravedad de la situación de derechos humanos en Nicaragua la que continúa deteriorándose, tememos que esta tendencia pueda conducir a una crisis humanitaria aún mayor. Por ello, hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua y a la comunidad internacional a actuar en consecuencia para proteger los derechos humanos de los nicaragüenses y alcanzar rendición de cuentas, justicia y reparación para las víctimas de las violaciones y abusos de derechos humanos descritos en este informe, que incluye ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y violaciones flagrantes de los derechos civiles y políticos”, dijo la representante de Chile.
Ese bloque de países también llamó a que se renueve el mandato del GHREN para avanzar en investigaciones más detalladas sobre violaciones de derechos humanos, abusos contra mujeres y niñas, campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes.
Mientras tanto, durante la lectura del informe el experto Jan-Michael Simon, lamentó el hecho de que el Estado de Nicaragua no respondió a ninguna de las 12 comunicaciones que enviaron y tampoco recibieron comentarios sobre el informe enviado de previo a la publicación.
Por su parte, el representante de la Unión Europea, además de condenar las graves violaciones de derechos humanos dijo que están preocupados por las desapariciones y ejecuciones de indígenas y deploró la instrumentalización del sistema de justicia en Nicaragua, lo cual es propicio para que prevalezca la impunidad por la violaciones y abusos de derechos humanos.
Mientras que, Suiza lamentó la falta de colaboración del Estado de Nicaragua con el GHREN y lamentó el deterioro continuo de la situación de los derechos humanos.
“Suiza condena de manera firme las recientes reformas legislativas que permiten el despojo de nacionalidad por motivos arbitrarios, cambios legislativo contrario a las obligaciones de derecho internacional de Nicaragua, especialmente a la Convención contra la apatridia del 54 de la que es parte Nicaragua. El ejercicio de los derechos fundamentales jamás puede justificar el despojo de nacionalidad, llamamos a Nicaragua a que respete sus obligaciones internacionales, para que garantice el derecho a una nacionalidad y prevenga y erradique la apatridia”, dijo el representante de Suiza.
Además, reiteró el llamado a que acabe toda forma de represión contra la sociedad civil, la oposición y la iglesia en Nicaragua.
Facebook Comments