El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó en Ginebra, Suiza, un informe preliminar de la investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, concluyendo que cometieron crímenes de lesa humanidad, igual que funcionarios de por lo menos siete instituciones estatales, empezando por la Policía, por lo que piden que la Comunidad Internacional imponga sanciones a las instituciones o personas involucradas.
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Este grupo de expertos es integrado por el alemán Jan-Michael Simon, experto en investigación criminal y derecho penal; la exfiscal colombiana, Ángela María Buitrago; y el exconsultor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Alexandro Álvarez, de origen chileno.
El informe presentado este 2 de marzo, indica que los expertos enviaron 11 cartas a las autoridades nicaragüenses, pero no tuvieron respuesta alguna, aunque señalan que el régimen de Ortega y Murillo envió una comunicación al presidente del Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2022 en la cual rechazaban y desconocían el mandato del GHREN.
“El Grupo concluyó que el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo, agentes, funcionarios y funcionarias de diversas agencias, estructuras del Gobierno, y actores no estatales han realizado y siguen realizando a la fecha de redacción de este informe, graves y sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos en contra de un sector de la población nicaragüense, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos, privación arbitraria de nacionalidad y violaciones al derecho de permanecer en el país”, cita el informe.
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“Las violaciones, abusos y crímenes investigados por el GHREN y descritos en el informe dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a responsabilidad penal individual de quienes resulten culpables, ya sea bajo el derecho internacional penal, o de conformidad con los tipos penales en la legislación nicaragüense o de terceros países», señala Jan Simon, presidente del grupo de expertos, agregando que «hoy, el Estado y la comunidad internacional cuentan con esta información para tomar acción».
Esas violaciones, según el GHREN, no son un fenómeno aislado, sino producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático.
«Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos», dijo Simon.
Los expertos también afirman que las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras.
«El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país», dijo Simon.
El informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía y paramilitares que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018 y el Gobierno obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes.
Asimismo, señala que agentes de la Policía y del Sistema Penitenciario Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores. Además, el informe encontró que el Gobierno ha utilizado la detención arbitraria como una herramienta para silenciar a los críticos.
El informe también destaca que, desde diciembre de 2018, al menos 3144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior, y agrega que la situación sigue empeorando, ya que en febrero de 2023, las autoridades nicaragüenses despojaron a 222 personas de su nacionalidad y las expulsaron del país, acusándolas de ser «traidores a la patria» y acto seguido declararon “traidores a la patria” a otras 94 personas y les impuso la pérdida de la nacionalidad, así como el decomiso de sus bienes a favor del Estado.
El informe instó al Gobierno a liberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, poner fin a las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de violaciones, abusos y delitos documentados para responsabilizar a los perpetradores.
El informe también llamó a la comunidad internacional a iniciar acciones legales contra las personas responsables de las violaciones documentadas y extender las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes de derecho internacional.
Por su parte, Juan Carlos Arce, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, expresó que el informe del GHREN ratifica las sistemáticas violaciones perpetradas por el Estado de Nicaragua y cómo se usaron las instituciones del Estado para perseguir, torturar y cometer violaciones de derechos humanos que en el marco del derecho internacional son crímenes de lesa humanidad.
“Es un informe que conmueve, preocupa, y es un informe que debe llamar a la comunidad internacional a la acción, lo que está pasando en Nicaragua no debe ser permitido, es una situación de muchísima gravedad. Desde la Coalición Nicaragua Lucha demandamos a la comunidad internacional acciones más concretas en relación con lo que está pasando en Nicaragua”, dijo Arce.
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