Guatemala y Costa Rica son los dos estados centroamericanos entre los 17 países miembros que respaldaron la Declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la reciente liberación de 222 presos políticos en Nicaragua, aunque rechazaron que estos hayan sido desterrados y despojados de la nacionalidad nicaragüense, así como la condena al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos.
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En la resolución, estos países demandan la liberación de los presos políticos que aún se encuentran retenidos en distintos penales del país.
El 13 de febrero reciente, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo en rueda de prensa que «todavía hay muchos presos políticos que quedaron atrás. Seguimos llamando al Gobierno de Nicaragua a que libere a quienes están detenidos solo por ejercer sus derechos». Mientras que, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas tiene un listado de 35 personas que incluye a 9 hombres condenados por el caso conocido como “La masacre del 19 de Julio”, sucedido en 2014, cuando hubo un ataque a balazos a una caravana del Frente Sandinista.
“Nosotros, los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que hacemos hoy esta declaración en el Consejo Permanente, saludamos la liberación de 222 presos políticos nicaragüenses el 9 de febrero de 2023 y su llegada a los Estados Unidos” inicia la declaración de la OEA.
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Además, acoge “con satisfacción” que España haya ofrecido la ciudadanía a los 222 presos políticos excarcelados y desterrados a Estados Unidos.
Chile, Argentina y México también han ofrecido recibir a los nicaragüenses desterrados.
“Sin embargo, deploramos que, como lo señaló la CIDH en su comunicado del 13 de febrero, aunque estos presos políticos han sido liberados, el Gobierno de Nicaragua ha tomado medidas para despojarlos de todos sus derechos políticos y de su ciudadanía, dejando a la mayoría de ellos en condición de apátridas”, refiere la declaración, añadiendo: “Recordamos que, en virtud del artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a una nacionalidad y nadie podrá ser privado arbitrariamente de ella”.
Los 17 estados firmantes recordaron al preso político Hugo Tórrez, quien murió “en circunstancias inquietantes”, mientras estaba en prisión en febrero de 2022.
“… y reiteramos nuestra preocupación por todos los presos y presas políticas que permanecen detenidas injustificadamente en Nicaragua. También tomamos nota, con gran preocupación, de la reciente condena del obispo (de Matagalpa) Rolando Álvarez a 26 años en prisión y la revocación de su nacionalidad”.
El obispo de Matagalpa, según Daniel Ortega, se negó a abordar el avión en el que sería desterrado junto a los 222 presos políticos el 9 de febrero. Ese mismo día, en venganza, lo mandó a encerrar a la cárcel La Modelo.
Además, rechazan el despojo arbitrario de la nacionalidad a 94 nicaragüenses, el recién pasado 15 de febrero.
Los países firmantes también solicitan, mediante esta declaración, el cese de la persecución de la oposición nicaragüense por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Seguimos instando al Gobierno de Nicaragua a que cese toda acción violenta contra la población del país y restablezca plenamente los derechos civiles y políticos, las libertades religiosas y el Estado de derecho; y a que ponga fin a todas las formas de intimidación y hostigamiento contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales”, señala el documento.
Agrega: “Seguimos instando al Gobierno de Nicaragua a que cese la represión y la detención arbitraria de líderes y lideresas comunitarias, incluidos los de la Iglesia católica, y a que permita el acceso sin trabas a su territorio a los organismos internacionales de derechos humanos, en un espíritu de transparencia y rendición de cuentas”.
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