El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) interpuso una denuncia internacional a favor de monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitó medidas cautelares urgentes debido al deterioro de la salud física y sicológica del jerarca católico que, desde el 9 de febrero recién pasado, fue encerrado en la cárcel La Modelo en Managua.
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En un comunicado, Calidh dice esperar que la CIDH admita la denuncia y la envíe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque considera que el Estado de Nicaragua ha violentado al menos una decena de derechos al obispo de Matagalpa, todos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Entre esos derechos violentados al miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Calidh menciona el derecho a la libertad; garantías judiciales; principio de legalidad y de retroactividad; libertad de conciencia y religión; derecho a una nacionalidad; derecho a la circulación y residencia, derechos políticos y protección judicial, entre otros.
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Calidh solicitó a la CIDH que dicte de manera urgente las medidas cautelares a favor del obispo de Matagalpa, ante la preocupación por “el deterioro acelerado de la salud física y sicológica del prelado, quien actualmente se encuentra aislado en la cárcel La Modelo como una forma de tortura y trato cruel, inhumano y degradante”.
El organismo explica que el estado nicaragüense ejerce un patrón de censura, castigo y venganza contra el obispo, “por su voz activa contra las violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018 en Nicaragua.
Calidh también pidió a la Comisión que condene al Estado de Nicaragua y recomiende las reparaciones suficientes a favor de monseñor Álvarez.
Monseñor Álvarez ha sido perseguido y asediado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018, situación que se agravó en 2022 y, finalmente, el 10 de febrero de este año, un día después de que el obispo se negó a ser desterrado, lo sentenciaron a 26 años y cuatro meses de prisión más una multa de 56,461.15 córdobas, por falsos cargos de “menoscabo a la integridad nacional; propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación; obstrucción de funciones agravadas, desobediencia y desacato a la autoridad.
Dicha sentencia, ha sido calificada por defensores de derechos humanos como “inconstitucional y perversa”.
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